(MEXICO)
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July 10, 2023
Eduardo Córdova Bautista está acusado de violar y abusar de numerosos niños durante sus 26 años de sacerdocio en la arquidiócesis de San Luis Potosí. Desde los años ochenta y durante décadas fue objeto de denuncias por abusos, pero tres arzobispos sucesivos optaron por permitirle continuar ejerciendo el sacerdocio y no denunciarlo a la justicia. Al parecer, las autoridades civiles locales también actuaron en complicidad. El Arzobispado y los fiscales finalmente se vieron impulsados a actuar en la primavera de 2014, cuando las víctimas hicieron públicas sus experiencias en los medios de comunicación. En mayo de 2014 Córdova fue expulsado del sacerdocio, y en junio de ese mismo año el fiscal general del estado emitió una orden de arresto en su contra. Sin embargo, para cuando se tomaron estas medidas, el sacerdote ya había desaparecido. Según los datos de los que se dispone en julio de 2023, el exsacerdote todavía se encuentra prófugo. El fiscal local afirma que sigue existiendo una orden de detención contra él, y que sigue figurando en la lista de fugitivos buscados por Interpol.
Resumen
Eduardo Córdova Bautista está acusado de violar y abusar sexualmente de numerosos niños durante sus 30 años como profesor laico y, posteriormente, como sacerdote en la arquidiócesis de San Luis Potosí. Si bien más de 19 personas han presentado denuncias penales contra él, los defensores de las víctimas sostienen que el número real de víctimas supera el centenar. El modus operandi de Córdova consistía en masajear a sus jóvenes víctimas y persuadirlas para que ingirieran alcohol y pastillas relajantes, un ritual de sedación que él denominaba «confesión alternativa». Luego se abusaba sexualmente de ellas. Los abusos cometidos iban desde manoseos indebidos hasta sexo oral y violaciones.
Córdova parece haber sido protegido y ayudado por tres arzobispos sucesivos: Arturo Antonio Szymanski Ramírez (1987-1999), Luis Morales Reyes (1999-2012) y Jesús Carlos Cabrero Romero (2012-2022).
Los padres empezaron a presentar denuncias contra Córdova ante la Iglesia a principios de los años ochenta, antes de que ingresara en el sacerdocio. En 1983 fue despedido de su puesto de profesor en el Instituto Potosino Marista, después de que una familia lo denunciara a las autoridades escolares por abusar de su hijo. A pesar de estas acusaciones, se le permitió ingresar al Seminario Mayor diocesano en 1984, y en 1988 fue ordenado sacerdote en la arquidiócesis de San Luis Potosí. Su licenciatura en Derecho, obtenida antes de ingresar al sacerdocio, le permitió convertirse en 1992 en el representante legal de la arquidiócesis, cargo que le posibilitó ejercer influencia en los altos círculos del poder político, tanto a nivel estatal como federal. Permaneció en ese cargo durante más de 20 años.
En abril de 2004, algunas madres y otros testigos escribieron cartas al entonces arzobispo Luis Morales Reyes para denunciar los abusos sexuales cometidos por Córdova contra 17 niños de entre 14 y 17 años. Dichos abusos habían ocurrido durante un período de cinco años, cuando Córdova se desempeñaba como sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, en el barrio El Paseo de Potosí.
Durante más de un año, el arzobispo Morales no respondió a los angustiosos testimonios de los feligreses, y Córdova siguió prestando sus servicios en la parroquia y presuntamente abusando de más niños. En agosto de 2005, una madre volvió a ponerse en contacto con el arzobispo, quien finalmente respondió diciendo que iba a destinar a Córdova como capellán de una comunidad de monjas. Morales inició un proceso canónico que concluyó con una declaración por parte de la Iglesia el 15 de julio de 2009 afirmando la «inocencia» de Córdova.
Durante los cinco años siguientes, Córdova continuó ejerciendo como sacerdote, abusando impunemente de más niños. En el verano de 2012, dos padres contaron al arzobispo Cabrero Romero que Córdova había violado a su hijo, menor de 15 años, en agosto de 2011 durante un viaje a Ciudad de México. Según un artículo de La Jornada publicado en 2014, el arzobispo respondió obligando a los padres a firmar una declaración jurada mediante la que se comprometían bajo juramento «ante Dios a mantener en secreto y estricta confidencialidad los delitos sexuales cometidos». La declaración jurada llevaba el membrete de la arquidiócesis y se titulaba «Carta testimonial jurada». Fue dirigida y presentada al arzobispo Cabrero en julio de 2012.
Algunos informes noticiosos afirman que Cabrero suspendió a Córdova del ejercicio del ministerio sacerdotal en ese momento, mientras que otros aseveran que el arzobispo permitió que el sacerdote siguiera desempeñando sus funciones. Lo que está claro es que la arquidiócesis no denunció a Córdova ante las autoridades civiles. Los crímenes del sacerdote siguieron siendo un secreto a voces en San Luis Potosí. No obstante, a principios de abril de 2014 las víctimas y sus defensores decidieron dar la cara ante los medios de comunicación, y los delitos cometidos por Córdova se hicieron públicos.
El 23 de abril de 2014, con Córdova en el centro de atención de los medios de comunicación, el arzobispo Cabrero lo suspendió definitivamente de su ministerio sacerdotal. Aproximadamente alrededor de esa fecha, el sacerdote abandonó México para asistir a la canonización del Papa Juan Pablo II en Roma. Según el exsacerdote Alberto Athie, quien ha denunciado varios casos de abuso en la Iglesia, Córdova aprovechó el viaje a Roma como una oportunidad para fugarse. Según se afirma, no se le ha vuelto a ver públicamente desde entonces.
A principios de mayo de 2014, La Jornada publicó relatos de tres víctimas de Córdova. El portavoz del Arzobispado declaró que dichos relatos eran difamatorios, «simples rumores», y criticó a las víctimas por no acudir a las autoridades civiles. Dos semanas después, La Jornada reveló la declaración jurada que el Arzobispado les había hecho firmar a los padres de una víctima en 2012, en la que se muestra que los padres juraron guardar secreto sobre lo sucedido.
A finales de mayo de 2014 se produjeron dos acontecimientos importantes: 1) diecinueve víctimas, entre las que se contaban los feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en el barrio El Paseo que habían informado de los abusos al Arzobispado en 2004, presentaron una denuncia penal colectiva ante la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí; y 2) la Iglesia anunció que había expulsado del estado clerical a Córdova de manera irrevocable e inapelable.
También a finales de mayo de 2014, la Fiscalía General del Estado anunció que había girado una orden de aprehensión contra Córdova y que había solicitado al Arzobispado documentos internos sobre el sacerdote. En junio de 2014 el Arzobispado se negó a entregar dichos documentos «alegando que el Código Canónico se lo impide». El fiscal general anunció que iba a emitir una orden judicial para citar a declarar al arzobispo y a sus predecesores.
En 2016 Interpol anunció que había emitido una ficha roja para la búsqueda de Córdova, citando los siguientes presuntos delitos por los que se le requiere: «privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado, corrupción de menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, así como por violación equiparada».
Según los datos de los que se dispone en julio de 2023, Córdova, que ahora tiene 64 años, continúa prófugo. Sigue figurando en la lista de fugitivos de Interpol, y la orden de detención dictada contra él por el fiscal general del estado de San Luis Potosí se mantiene en vigencia.