ALLEN (ARGENTINA)
Diario Mejor Informado [Patagonia, Argentina]
June 3, 2021
By Fabian Rossi
En 2017 lo consideraron culpable del abuso luego de darle cerveza al menor.
Después de estar recluido bajo la protección de la Diócesis del Alto Valle, el sacerdote Juan José Urrutia está detenido y hoy debe ser trasladado a la cárcel de Roca, donde cumplirá la pena de 8 años de prisión por el abuso sexual de un niño menor de edad en Allen, cuando cumplía funciones en la parroquia Santa Catalina de esa ciudad.
El proceso fue por demás largo y el cura pedófilo se quedó sin posibilidades de continuar dilatando su detención, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio un duro revés al no aceptar el recurso extraordinario presentado por sus abogados Juan Luis Vincenty (el mismo que fue destituido de la Justicia Federal por revelar los procedimientos en contra el Clan narco Montecinos) y el ex juez Guillermo Leskovar Garrigós (destituido de la Justicia rionegrina por prestar dinero con intereses a un empleado judicial) . Los profesionales pretendían que el máximo tribunal nacional revisara el fallo que en 2017 lo condenó a 8 años de cárcel.
Pese a la sentencia del tribunal integrado por Fernando Sánchez Freytes, Laura Pérez y Natalia González, el cura abusador apeló y llegó al STJ, donde no le concedieron la queja. Entonces tuvo que recurrir a la Corte antes de que quede firme y deba comenzar a cumplir la condena. Durante el proceso, fue trasladado por el ex obispo Marcelo Cuenca (renunciado recientemente) a Cipolletti, donde fijó domicilio. Sin embargo desde la Diócesis nunca se le informó a la comunidad parroquial el por qué de esa decisión hasta que el caso se hizo público. Una actitud, que a esta altura y conociendo los antecedentes de Cuenca con respecto a los curas abusadores, no sorprende.
La detención de Urrutia se produjo el 21 de mayo, un día después del fallo de la Corte. La Policía lo trasladó a una de las unidades de Cipolletti donde debe cumplir el aislamiento sanitario por 14 días, plazo que termina hoy. Entonces, de no existir ninguna prórroga o decisión contraria por parte del juez de Ejecución, Fernando Romera, deberá ser trasladado a la Unidad de Ejecución Penal II de Roca.
El cura fue condenado por el abuso ocurrido en Allen, en el año 2010, sin haberse podido precisar la fecha exacta, en una habitación de la casa parroquial Santa Catalina, cuando “en su condición de presbítero, confesor y asesor espiritual” del niño, abusó sexualmente de él luego de haberle convidado cerveza.
Aunque el sacerdote fue trasladado a Cipolletti al poco tiempo, la víctima recién pudo presentar la denuncia cuando logró la mayoría de edad y en ningún momento obtuvo el acompañamiento de la diócesis del Alto Valle o del entonces obispo Cuenca.
Sólo, unos días antes del comienzo del juicio, se limitaron a confirmar que Urrutia es miembro de “nuestro Prebiterio desde el 16 de octubre de 2000; y ha ejercido su ministerio, en diversos destinos, sin observaciones por parte de los fieles hasta mayo de 2011, fecha a la cual se desempeñaba como Canciller en la Curia diocesana y Párroco en Allen”, en tanto que en un segundo punto aseguraron que “desde septiembre de 2013, se encuentra privado de todo oficio eclesiástico y suspendido del ejercicio público del ministerio como consecuencia de la conclusión de un proceso administrativo penal canónico; realizado en la Diócesis, por mandato de la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe”.
Desde septiembre de 2013, se encuentra privado de todo oficio eclesiástico y suspendido del ejercicio público del ministerio como consecuencia de la conclusión de un proceso administrativo penal canónico; realizado en la Diócesis, por mandato de la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe
De esta manera, por las fechas de traslado y suspensión, queda claro que Cuenca y la Diócesis estaban al tanto de lo ocurrido mucho antes de que la víctima cumpliera la mayoría de edad y pudiera hacer la denuncia. Por lo que si hubiesen querido, se podrían haber presentado ante la Justicia para exponer el caso en vez de trasladarlo y cumplir con un proceso administrativo en secreto y silencio.