PARANá (ARGENTINA)
elentrerios.com [Entre Ríos, Argentina]
March 15, 2021
El sacerdote Justo José Ilarraz fue condenado en 2018 a pasar un cuarto de siglo en la cárcel, pero como pidió la prescripción en un último recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquella condena no se ha hecho efectiva: no está en una cárcel. Vive en un sexto piso de una torre ubicada en calle Corrientes al 300, en Paraná, con arresto domiciliario y tobillera electrónica. En mayo próximo cumplirá tres años encerrado en un departamento.
Mientras, un grupo de sus víctimas decidió exigir a la Iglesia Católica reparación económica a través de una demanda civil. Primero, hubo audiencias de mediación que, tras sucesivos encuentros, concluyó en fracaso, reveló el sitio Entre Ríos Ahora.
Entonces, las víctimas, a través de la abogada que los representa, Evangelina Bártoli, presentaron una «propuesta conciliatoria», con una serie de puntos: pedido de perdón, asistencia psicológica, gestionar un encuentro virtual con el Papa, reparación económica.
La respuesta de la Iglesia de Paraná ha sido una sola: el silencio.
La demanda alcanza no sólo a Ilarraz sino también al Arzobispado de Paraná, al arzobispo Juan Alberto Puiggari, al cardenal Estanislao Esteban Karlic, que fue superior de Ilarraz y fue quien lo nombró prefecto de disciplina en el Seminario y, más tarde, lo juzgó a través de un proceso sumarísimo que terminó con la condena del destierro; y los sacerdotes Gabriel Battello, que reconoció en la Justicia que supo de los abusos pero jamás los denunció; y Mario Gervasoni, mano derecha de Puiggari, condenado con sentencia firme por falso testimonio al no contar todo cuanto sabía del caso Ilarraz.
Las víctimas procuraron evitar la judicialización y llegar a un punto de acuerdo. «La presente propuesta se realiza a los fines de evitar la judicialización del conflicto y por ende, la re victimización de los sobrevivientes de Justo José Ilarraz. Queda sujeta a revisión en caso de llegar a una instancia judicial».
Pero, hasta el momento, la Iglesia no habría respondido.
El tribunal que condenó a Ilarraz en 2018 a 25 años de cárcel -de momento, está con prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, en un departamento de calle Corrientes al 300, en Paraná- planteó en sus fundamentos, contenidos en 327 páginas, que “coadyuvó como elemento facilitador del plan de Ilarraz, la posición asumida por sus superiores y pares actuantes al tiempo de los hechos; ya que sin su omisión el acusado no hubiera podido cumplir sus designios delictivos con la libertad e impunidad con que lo hizo”.
Fuente: Entre Ríos Ahora