BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Perfil.com [Buenos Aires, Argentina]
August 20, 2017
By Leonardo Nieva
Son presentadas por víctimas o familiares a la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. En los últimos tres años, 65 religiosos fueron judicializados.
Las denuncias contra miembros de la Iglesia Católica en la Argentina se multiplicaron en los últimos años. Entre el caso Grassi y el reciente escándalo que sacudió a la Congregación de los Hermanos Maristas, a cargo del colegio Champagnat de Recoleta (ver aparte), se conocieron decenas de ataques. Según datos de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico (SNAP, por sus siglas en inglés), al menos 65 religiosos fueron denunciados por delitos de abuso y corrupción de menores en los últimos tres años.
SNAP asiste a más de cien personas que fueron víctimas de sacerdotes argentinos y tiene como principal objetivo evitar que los curas denunciados sigan en contacto con menores. En nuestro país se formó a partir de la denuncia realizada por Julieta Añazco contra el cura Héctor Ricardo Giménez.
Hace tres años y medio Julieta descubrió que el sacerdote que la había sometido en los campamentos de verano cuando tenía 10 años estaba dando misa en la capilla del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Plata. Le sacó fotos, confirmó que efectivamente se trataba de esa persona y lo denunció en la Justicia, con la asistencia del colectivo feminista Las Azucenas.
El caso de Julieta puso en evidencia la complicidad de la Iglesia Católica –en este caso por parte del Arzobispado de La Plata– que durante décadas protegió a Giménez. A partir de la denuncia de Julieta, se supo que otras madres de víctimas del sacerdote en cuestión lo habían denunciado pero el cura igual seguía dando misa y estando en contacto con menores.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, que sirvió de fuente para la realización de la multipremiada película Spotlight, recibe una consulta por día. Carlos Lombardi, abogado especializado en derecho canónico, y la psicóloga Liliana Rodríguez están al frente desde 2013.
SNAP atiende las consultas de víctimas y/o familiares y lo que brinda es asesoramiento legal, apoyo y visualización de la situación.
“Cuando comenzamos a trabajar éramos pocos, y denunciados había cuatro o cinco curas y monjas. Ahora estamos hablando de 65 curas denunciados”, cuenta Rodríguez a PERFIL, en su consultorio de la ciudad de La Plata.
“La situación en la Argentina estalló y va a seguir estallando”, advierte la psicóloga sobre los últimos casos públicos. “Estamos hablando de sobrevivientes de todo el país. Hay muchos más y lo sabemos porque no es fácil denunciar. No es que llegan a un consultorio y dicen: ‘Fui abusada por el cura tal’. Los recuerdos van apareciendo de distintas maneras: a través de olores, de registro de voz, de algunas imágenes”.
Red de complicidades. La psicóloga destaca también que “existe todo un mecanismo implementado por los pedófilos” que es “justamente para ocultar”. “¿Qué es lo que le asegura la impunidad a estas personas? El secreto. Porque además, estamos hablando de personas que son representates de la Iglesia, representantes de Dios en la tierra. Son las personas que confiesan, que perdonan los pecados. La representación social que tienen es muy grande, y eso influye en las víctimas a la hora de denunciarlos”.
Desde SNAP advierten que los curas pedófilos tienen características similiares a los tratantes. “Eligen a sus víctimas y se paran en puntos de vulnerabilidad de la historia de esos niños y niñas como hacen los tratantes”, asegura Rodríguez. “Así van construyendo toda una red que les asegura la impunidad. Son conductas que se repiten. Construyen una relación de amistad con la familia de la víctima. ¿Cómo hace entonces ese niño para decir que esa persona que viene a cenar con sus padres, hace lo que hace?”.
La reacción de los curas acusados es coincidente en muchos casos. “Siempre es la descalificación a la víctima”, señala Rodríguez. Precisamente ésa fue la estrategia que asumió el cura Grassi cuando salió a la luz el informe de Telenoche Investiga, por el que actualmente cumple una condena a 12 años de prisión.
Esta semana otro representante de la Iglesia será juzgado: Juan Diego Escobar Gaviria, el cura entrerriano que está imputado como presunto autor de los delitos de corrupción de menores agravada por la condición de guardador (tres hechos) y abuso sexual agravado por ser cometido por Ministro de Culto (un hecho). La Red de Sobrevivientes intervendrá en el debate. Tres meses después se sentará en el banquillo el cura Justo José Ilarraz, otro caso emblemático de abuso contra menores.
Aislado en una residencia
El ex director del colegio Champagnat, que reconoció haber abusado de un alumno hace unos 40 años, fue trasladado a una residencia geriátrica de la congregación de los hermanos maristas en Luján. En ese mismo predio funciona otra institución que hace un mes se vio envuelta en un escándalo por denuncias de abusos entre estudiantes.
Cuando se conoció el caso, el hermano Angel Darío Duples fue trasladado a una residencia geriátrica de Luján “sin contacto ni relación alguna con niños, niñas ni adolescentes”, informó en un comunicado el Champagnat. “Duples reconoció que hace 38 años tuvo una mala acción contra ese niño, un manoseo”, se destacó. En el extenso predio de los maristas funciona el colegio Nuestra Señora de Luján. En julio los padres de un alumno de 4° grado denunciaron que su hijo había sido atacado por otros alumnos.