TLALNEPANTLA DE BAZ (MEXICO)
Metro Monterrey [Monterrey, Nuevo León]
July 11, 2001
[Via vLex]
El falso sacerdote implicado en el supuesto tráfico de órganos que dio a conocer la televisión española fue sentenciado a seis años y 9 meses de prisión por la Juez 21 Penal del Reclusorio Oriente, Claudia Lilian Clavelina Tapia.
La titular del juzgado resolvió que Martín Rubio Murillo, alias Fray Martín, cometió el delito de asociación delictuosa por lo que también deberá pagar 5 mil 685 pesos por concepto de multa.
El 8 de mayo del 2000, periodistas de la cadena de televisión española Antena 3 y el diario El Mundo pusieron al descubierto una supuesta banda dedicada al tráfico de órganos, la cual estaba integrada por Rubio Murillo, el médico Arturo Gómez Muñoz, Amauri Pérez, entre otros.
Los españoles presentaron imágenes obtenidas con cámaras ocultas, en las que se mostraba la manera en que presuntamente operaba la organización delictiva.
Según los investigadores españoles, Fray Martín era el encargado de ofrecer los órganos y, en aquella ocasión, ponía a la venta un riñón por $900 mil dólares a los reporteros. Por su parte, el doctor Gómez Muñoz realizaba los trasplantes ilegales en los hospitales Santa Elena y Los Angeles.
Sin embargo, luego de que la Procuraduría General de la República solicitó un arraigo para integrar la averiguación previa, el MP Federal determinó que no se acreditaban los delitos de tráfico de órganos y violación a la Ley General de Salud supuestamente cometidos por Fray Martín.
A pesar de ello, el caso fue turnado a la Procuraduría capitalina donde se estableció la presunta responsabilidad del falso sacerdote y su cómplice Amauri Pérez en ilícitos como el robo de autos, la venta ilícita de placas para vehículos y trámites fraudulentos de vivienda, por lo que fueron consignados bajo el cargo de asociación delictuosa.
Tras un largo proceso penal, la impartidora de justicia resolvió dictar una sentencia condenatoria para el pseudosacerdote, en tanto, Amauri Pérez tiene pendiente la conclusión de su proceso penal, luego de que un juez federal le concedió un amparo.
De acuerdo al Código de Procedimientos Penales, la defensa y el MP tienen cinco días para apelar la sentencia y sean los Magistrados de la Tercera Sala Penal los que modifiquen, revoquen o confirmen la resolución de la juez.