El caso Ilarraz llega a la ONU
aimdigital.com.ar
27 de Mayo de 2015
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La argentina Julieta Añazco expondrá, en Washington, durante la conferencia anual de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, cinco casos de pederastia por parte de sacerdotes, entre los que se encuentra el caso Ilarraz.
El caso Ilarraz llega a la ONU
¿Qué relaciona a los casos de Justo José Ilarraz en Paraná; de Ricardo Giménez en La Plata; de Luis Brizzio en Gálvez; de Rubén Pardo en Berazategui y de Jorge Luis Morello en Mendoza? Varias cosas. Primero, son sacerdotes acusados, en algunos casos, y condenados, en otros, por el abuso de menores; segundo, que tanto el Vaticano como la jerarquía católica vernácula impusieron sobre ellos un “código de silencio” y, tercero, que serán reseñados por una víctima durante el 31 de julio y el 2 de agosto en la conferencia anual de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico-cuyas siglas en inglés son SNAP-.
Uno de los objetivos de Julieta Añazco, que asistirá como invitada de honor al encuentro que se realizará en Washington, es aprovechar la oportunidad para que los representantes del Comité contra la Tortura y del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conozcan algunos de los casos argentinos más resonantes. Lo que abriría la puerta para que sean tratados durante las sesiones, a las que suelen ir los delegados del estado papal.
Tras denunciar los abusos perpetrados, en la década del ’80, por el cura Giménez durante los campamentos para chicos que organizaba en Bavio, partido de Magdalena, Añazco viene tratando de reunir a las víctimas: “A medida que me fui metiendo, me fui dando cuenta de que los casos que hay en Argentina están aislados, por eso me pareció que las víctimas tenemos que organizarnos y juntarnos”. Poco a poco, mientras fue charlando con quienes padecieron vejámenes similares, notó que ante esta clase de situaciones la respuesta del Vaticano y del Episcopado argentino era idéntica: “Silencio, hermetismo, complicidad, encubrimiento, mentiras. Las víctimas con las que hablé me dicen que todos quisieron llegar a (Jorge) Bergoglio cuando era cardenal y coinciden en que nunca los quiso recibir ni contestó ninguna carta ni pedido. Ahora, menos”.
Asimismo, tal como dice la invitación de SNAP, a lo largo de esas jornadas, Añazco tendrá “la oportunidad de recibir actualizaciones legales de los abogados sobre el progreso en la ONU en relación con el Vaticano y los derechos del niño. También se podrá reunir con otros líderes de SNAP y conocer los métodos de las acciones de orientación psicológica para lidiar con los problemas emocionales y sociales”.
Código de silencio
La relación entre el Vaticano y el Comité de los Derechos del Niño no pasa por su mejor momento. Alcanza con ver la transcripción del 65º período de sesiones en Ginebra, desarrollado entre el 13 y el 31 de enero de 2014. La Santa Sede fue uno de los seis estados examinados respecto de su aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En julio de 2013, a meses de la asunción de Francisco, fue enviado a Roma un cuestionario, en el que se preguntaba sobre diferentes casos de pedofilia que no fueron denunciados. “A la Santa Sede se le dio de plazo para responder hasta el 1 de noviembre de 2013. Contestó el 6 de diciembre, más de un mes más tarde, y con respuestas evasivas”, subrayaron desde el Comité de los Derechos del Niño. En esa ocasión, entre otros aspectos, las críticas apuntaron a la forma de proceder ante las acusaciones, por ejemplo la “cura geográfica”-traslado del victimario a otra parroquia o país- y el pago a cambio de silencio.
En medio de un tenso ida y vuelta, luego de las omisiones del delegado del Vaticano, Silvano Tomassi, el informe oficial concluyó: “A través de un código de silencio impuesto a todos los miembros del clero bajo pena de excomunión, los casos de abusos sexuales difícilmente han sido denunciados a las autoridades judiciales en los países donde se han cometido esos delitos”.
En 2009, el propio Tomassi había precisado, en una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que, según las estadísticas internas del Vaticano, entre el 1,5 y el 5% del clero católico estaba involucrado en casos de abusos sexuales a menores. Los miembros del clero en todo el mundo son 440 mil, por lo que, de acuerdo con esa cifra, entre 6 mil y 20 mil curas habrían cometido delitos de pederastia.
En 2011, frente al Comité de los Derechos del Niño, el Vaticano quiso justificar su sistemático encubrimiento, al plantear que el 10 por ciento de los abusos sexuales de niños en la Iglesia constituían casos de pedofilia “en sentido estricto” y que el 90 por ciento de los clérigos que habían cometido abusos podían ser rehabilitados.
Pero las dificultades no se reducen a la autoprotección. Pues Añazco, en su derrotero, esbozó lo que padece quien busca justicia: “Estoy descubriendo la complicidad entre el poder eclesiástico y parte del Poder Judicial”. Ambos actores funcionan como pinzas, asfixiando y aislando a las víctimas. De ahí, la importancia de su búsqueda porque los casos que reseñará lleguen a la ONU.
Sin embargo, no puede soslayarse que, a fines de la semana pasada, el abogado querellante en la causa Ilarraz, Marcos Rodríguez Allende, contó que, a través de un sacerdote, recibió un mensaje “privado” de Francisco, quien le dijo que “coincide con la investigación y quiere que esto no quede sólo en la conducta de Ilarraz. Como lo ha manifestado públicamente, quiere que se investigue también a los responsables de la Iglesia en ese momento”. En el caso de profundizar esta expresión, que no ha sido pública como sí lo fueron los llamados a quienes cumplen años o a periodistas enojados, queda ver cuál es la respuesta del cardenal emérito y ex presidente de la Conferencia Episcopal, Estanislao Karlic, y del actual arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puíggari. Sólo como hipótesis: si las conductas de éstos se mantienen inalterables, se podrá sospechar que fue otro movimiento tribunero de Francisco.
Los casos
Estos serán los casos que Julieta Añazco relatará en la conferencia anual de SNAP:
Justo José Ilarraz: acusado de abusar, entre 1984 y 1992, a medio centenar de jóvenes en el Seminario Menor de Paraná, su caso recién llegó a la justicia a fines de 2012. Por primera vez, en abril de este año, se sentó en el banquillo de los acusados.
Ricardo Giménez: por el abuso de cinco menores en Magdalena, fue arrestado en 1996, pero luego fue liberado por los jueces Raúl Delbés y Horacio Piombo, quien conoció la fama esta semana. En 2013, Julieta Añazco lo denunció por los vejámenes que padeció durante la década del ’80 en Bavio. La semana pasada, el fiscal platense Marcelo Romero archivó la causa.
Luis Brizzio: una víctima representada por el especialista en derecho canónico, Carlos Lombardi, lo denunció por haber abusado de él, en la década del ’80, mientras integraba un grupo de adolescentes que el sacerdote conducía en Gálvez, ciudad situada a 80 kilómetros de Santa Fe capital. Cuando lo interrogaron respecto de las acusaciones que pesan sobre Brizzio, el presidente de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, sostuvo que todo se decide en Roma.
Rubén Pardo: en 2004, en Berazategui, se supo que a pesar de que el mismo cura acusado reconoció el abuso de un menor, el entonces arzobispo de Quilmes, Luis Stöckler, se amparó en su derecho de no denunciarlo ante los tribunales, y sólo le aplicó una “amonestación”. Casi diez años después, en 2013, la Cámara de Apelaciones de Quilmes confirmó la sentencia de primera instancia que había condenado al Obispado de Quilmes a pagar una indemnización.
Jorge Luis Morello: en abril de 2013, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictaminó que el Arzobispado de Mendoza debía indemnizar a Iván González, por los abusos de los que fue víctima entre 1998 y 2001. Según el arzobispado, se trató de una relación homosexual entre dos personas adultas, sin tener en cuenta que el denunciante era menor de 21 años.
Fuente: EntreRíosAhora.-
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