"El 18 de marzo de 2015, la Oficina Pastoral de Denuncias (Opade), recibió una denuncia de una persona mayor de edad en contra del mencionado presbítero. El 7 de abril de 2015, en base a esta denuncia, se dio inicio a la investigación previa, estableciéndole medidas cautelares", añadió.
A continuación, mencionó que "en agosto de 2015 el Arzobispo de Santiago respondió a una petición de la Nunciatura efectuada el 28 de julio de 2015, respecto de entregar los antecedentes del caso. Se remitió la siguiente documentación: investigación previa, otros documentos del archivo y el parecer de dos asesores canónicos".
"La investigación previa se amplió con nuevos antecedentes que se proporcionaron a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que incluían la eventual sustracción de especies de culto".
"El Arzobispado de Santiago informó a la PDI, con fecha 5 de junio de 2015, la residencia del presbítero Rivera Muñoz y el desarrollo de una investigación canónica".
"A solicitud del Arzobispado de Santiago, la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, el 21 de septiembre de 2016, dio nuevas instrucciones para proseguir la investigación previa y dar inicio a un proceso administrativo penal".
"El 11 de noviembre de 2016 se cierra la investigación previa y se inicia el proceso administrativo penal, que concluyó con el Decreto Condenatorio con fecha 16 de agosto de 2018. Con esa misma fecha, en presencia del Arzobispo de Santiago, se definió el proceso administrativo penal, determinándose que el presbítero es 'culpable de delitos en contra del Sexto Mandamiento del Decálogo continuados en el tiempo con escándalo, con personas mayores de edad, tal y como lo especifica el canon 1395§1 CIC".
Las penas
La declaración pública del Arzobispado apuntó que "conforme al canon 1336 CIC, se le impusieron -entre otras- las siguientes penas":
- 10 años de suspensión del ministerio público, pudiendo celebrar la Eucaristía sólo privadamente y con la compañía de una persona mayor de 50 años.
- Prohibición de reunirse y mantener contacto con jóvenes.
- Se le fijará la residencia de común acuerdo con el Sr. Arzobispo.
- Si el padre Rivera no cumple tales medidas, una vez cumplidos los 10 años, la suspensión podrá ser impuesta por un período mayor.