El 13 de julio pasado, el Arzobispado de Santiago instruyó una investigación previa en contra del presbítero Jorge Laplagne Aguirre. La solicitud venía de una esperanza antigua de justicia. Javier Molina Huerta, quien antes de cumplir 18 años fue cercano a Laplagne e incluso se convirtió en su acólito, había denunciado por segunda vez los abusos que sufrió.

Ya lo había hecho en 2010, cuando creyó ciegamente en la justicia eclesiástica; sin embargo, su denuncia no prosperó. No solo eso: tiempo después, cuando conociera detalles de su carpeta, se daría cuenta de que las autoridades eclesiásticas encargadas no habían hecho peritajes ni gestiones que permitieran conocer la profundidad de su vivencia. “Entonces yo creí ciegamente en el sistema de los curas, pero no hicieron absolutamente nada, ni siquiera le tomaron declaración a Laplagne. No hubo ni siquiera peritajes a testigos”, relata Molina.

Por eso, cuando se enteró de la visita de Jordi Bertomeu y Charles Scicluna –los enviados papales que visitaron Chile en dos ocasiones, producto de la inmanejable crisis de la Iglesia católica nacional–, él pidió hablarles y en el marco del impulso que los enviados imprimieron a las víctimas para denunciar, retomó el mismo hilo de su acusación y lo intentó otra vez. Y esta vez corrió otra suerte.

Según antecedentes recogidos por El Mostrador,en las próximas horas el Arzobispado de Santiago reconocerá la verosimilitud del testimonio entregado tanto por Molina como por otras víctimas que se acercaron en el último tiempo y enviará los antecedentes de la indagatoria sobre el presbítero a Roma.

El hecho no solo complicará directamente a Laplagne sino también a quienes se han visto involucrados en una especie de espiral de inacción que se ha repetido en varios casos.

En 2010, la primera vez que denunció los hechos, y antes de que el sacerdote Raúl Hasbun concluyera que estos “no eran verídicos”, Molina se había comunicado con Francisco Javier Errázuriz, Hans Kast y Ócar Muñoz Toledo, ex canciller del Arzobispado de Santiago, que fue formalizado por abuso sexual y estupro y se encuentra actualmente en prisión preventiva.

Es en este círculo donde Errázuriz siente cada vez más cerca al Ministerio Público.

El Vaticano y la justicia civil

Luego de reconocer la verosimilitud del testimonio en la investigación previa, los antecedentes serán remitidos a Roma; sin embargo, no es todo con lo que tendrán que lidiar quienes han sido perseguidos por encubrimiento.

El 14 de agosto de este año, la Fundación para la Confianza presentó una querella por abuso sexual y violación a un menor de edad en contra del sacerdote Jorge Laplagne y contra quienes indagaron la causa al interior de la Iglesia, el sacerdote Raúl Hasbun y el ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo. Pero la acción incluyó también a los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, ambos por encubrimiento, una hebra que sigue de cerca el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, investigación que podría estrecharse más después que Roma investigue la denuncia de Molina.

El cerco sobre el encubrimiento del cardenal Errázuriz –que, de probarse, respaldaría una conducta en las más altas esferas de la jerarquía eclesiástica– también ha sido descrito en distintas cartas donde ha estado implicado.

En el marco de rendición de pruebas de la demanda civil de las víctimas de Karadima, la defensa de los sobrevivientes dio cuenta de diversas cartas que habrían revelado el encubrimiento de Errázuriz. En septiembre de 2015, el sitio The Clinic publicó que en una de las misivas, con el logo del Arzobispado de Santiago y la firma de Errázuriz, este entregaba instrucciones respecto a las acusaciones de abuso sexual contra el vicario Diego Ossa. También que, en otra carta, Errázuriz le recomendaba a Fernando Karadima esconder las verdaderas razones de su alejamiento de El Bosque a los feligreses, en una clara intención de “proteger” al párroco, según expresaban entonces las víctimas.

Hoy cualquier respaldo a Karadima resulta inverosímil, pero también el caso de Diego Ossa ha vuelto a la justicia. El 27 de agosto pasado, el cardenal Ezzati decretó la apertura de una investigación contra el sacerdote Ossa Errázuriz, uno de los más cercanos a Fernando Karadima.

Muchos de los casos que fueron ignorados por la justicia canónica, están volviendo a ser presentados por las víctimas después del paso de Scicluna y Bertomeu por Chile y, recién después de un rechazo tácito al encubrimiento, están teniendo otro final.

“La justicia también se va a encontrar con hojas de menos en los archivos, algunas de ellas arrancadas en las propias diócesis”, señala también una fuente que conoce las causas en Concepción, obispado hasta donde arribó ayer el Ministerio Público, que sumó asimismo a Valparaíso, Osorno y Chillán, en la búsqueda de pruebas que den cuenta de abusos sexuales y encubrimientos cometidos por miembros de la Iglesia.

El cerco del encubrimiento se focaliza, cada vez más, sobre la élite de la jerarquía eclesiástica. No solo por los obispados allanados. Esta semana los fiscales que investigan la causa junto al fiscal jefe Emiliano Arias, también incautaron correos electrónicos del arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, el obispo Fernando Ramos y el cardenal Francisco Javier Errázuriz, en el campus San Joaquín de la UC. Si se llega a encontrar una hebra de encubrimiento, la justicia podría comenzar a probar lo que hasta ahora las víctimas reiteran: que los máximos líderes de la Iglesia católica protegieron a los victimarios en desmedro de las víctimas.