Desde octubre del año pasado, cuando publicamos Mitad monjes, mitad soldados, una investigación periodística que documentó los sistemáticos abusos psicológicos, físicos y sexuales al interior del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), un movimiento católico de origen peruano, poco es lo que se ha avanzado hasta la fecha en cuanto a sanciones y reparación a las víctimas.

 

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La investigación supuso el “primer destape en nuestro país de una estructura cuyo origen fue la práctica religiosa y el compromiso de la fe, pero que además fue usada por sus más altos dirigentes, entre ellos su fundador Luis Fernando Figari, como un pretexto y coartada para el desenfreno, el abuso y la comisión de actos violentos”, como editorializó este diario (22/10/2016).

 

Ante la denuncia, el Sodalicio respondió con un comunicado de talante defensivo y poco transparente, firmado por su Vicario General, Fernando Vidal Castellanos, que luego tuvo que ser enmendado por uno segundo, debido fundamentalmente a las presiones internas del entonces sacerdote sodálite Jean Pierre Teullet y a la avalancha de reportajes que reproducían los verosímiles y crudos testimonios de las víctimas. 

 

Este último texto fue suscrito por el propio Superior General, Alessandro Moroni, y en él anunciaba la creación de una comisión ad hoc y se comprometía “a investigar exhaustivamente hasta esclarecer la verdad”.

 

No obstante, en paralelo trascendía que Luis Fernando Figari estaba guarecido en Roma, supuestamente bajo un régimen “de retiro espiritual” en una comunidad sodálite, donde actualmente se mantiene con la venia de la cúpula y del Vaticano.

 

Ante las denuncias, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió una investigación de oficio para determinar responsabilidades. “La pesquisa podría durar hasta sesenta días”, anunció hacia fines de octubre del año pasado.

 

Más tarde, la fiscal María del Pilar Peralta, de la 26ª fiscalía provincial de Lima, amplió la investigación por noventa días, lo que significa que este mes debería estar listo su dictamen.

El Superior General Alessandro Moroni apareció entonces ante un par de medios de comunicación. Y expresó: “Cómo diablos pudo haber ocurrido esto en el Sodalicio”.

No obstante, en la entrevista que ofreció a El Comercio, sostuvo algo que no pasó desapercibido por no pocos exsodálites: “Nunca me he sentido abusado (en la institución)”, dijo, cuando existen testimonios que afirman haber visto abusos de poder contra Moroni en su etapa de aspirante.

 

No solo ello. Cuando asumió cargos directivos, el propio Moroni habría perpetrado maltratos físicos y psicológicos a sus subordinados, de acuerdo a varios testigos.

 

También admitió que en el caso del sodálite pederasta Jeffery Daniels, la organización no lo entregó a las autoridades al enterarse de sus abusos sexuales a menores, sino que lo mantuvo aislado y a buen recaudo durante tres largos años.

 

Más todavía, en la entrevista con RPP, Alessandro Moroni trastabilló ante las precisiones de la periodista Patricia del Río, quien le hizo notar que las denuncias de abusos del Sodalicio no eran nuevas, sino que se conocían desde quince años atrás, a partir de las denuncias del periodista José Enrique Escardó, publicadas en el 2000, a las cuales le siguieron muchas otras y de diversa índole.

Así las cosas, la iglesia católica, que había estado guardando un prolongado silencio respecto de este espinoso tema, reveló que estaba investigando desde abril del 2015 las denuncias por presuntos abusos sexuales contra Figari. Y que para ello había nombrado como visitador apostólico al prelado de Chota, monseñor Fortunato Pablo Urcey.

 

Pero el mismo Urcey sorprendió con unas declaraciones desconcertantes en RPP. Anunció que no iba a investigar, que no pensaba interrogar al fundador del Sodalicio, y que tampoco dialogaría con las víctimas ni leería la investigación sobre el caso. Su trabajo culmina este mes con la presentación de un informe de pronóstico imprevisible.

 

Mientras tanto, el arzobispo de Lima y cardenal Juan Luis Cipriani, quien recién se pronunció a fines de octubre del 2015, en su programa radial Diálogo de fe pidió la separación de Figari y justificó que al Tribunal Eclesiástico no le correspondía investigar las denuncias, por lo que las derivó a Roma.

 

Inmediatamente, en un hecho sin precedentes, la Conferencia Episcopal peruana le enmendó la plana a Cipriani mediante un comunicado.

“Sin perjuicio del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades (…) esta colaboración no se refiere solo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a los casos de abuso en los que estuviera implicado personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas”. Más claro, ni el agua.

 

El Tribunal Eclesiástico, para ser precisos, recibió durante el 2011 tres denuncias de abusos sexuales contra el fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari Rodrigo.

 

Para conocer su versión, intentamos comunicarnos telefónicamente con el padre Víctor Huapaya, Vicario Judicial de Lima y presidente de dicha entidad, para preguntarle ante qué autoridades vaticanas fueron derivadas estas demandas y en qué fechas, y conocer si las víctimas fueron debidamente informadas de esta decisión del Tribunal.

 

Lamentablemente, el presidente del Tribunal Eclesiástico nos colgó en el instante que le dijimos que éramos periodistas de este diario.

 

Una de las víctimas de Figari (bautizada como ‘Santiago’ en Mitad monjes, mitad soldados), en noviembre del 2015 nos alcanzó una carta en la que decía: “Presenté personalmente mi denuncia al juez (Luis) Gaspar y al presidente del Tribunal, Víctor Huapaya, el 16 de marzo del 2011. Desde entonces y hasta hoy, nunca recibí ninguna comunicación del Tribunal, del Arzobispado ni de la Santa Sede o de cualquier otro órgano o persona de la Iglesia. Si esto no es negligencia o inacción, ¿qué es? Me parece que la gravedad de la denuncia que realicé debió ameritar, por lo menos, un contacto de gentileza, de atención. O de información mínima sobre el procedimiento (…) Así las cosas, el silencio de cuatro años y medio del Tribunal sobre mi caso (podría) ser interpretado claramente como un encubrimiento”.

 

A todo esto, Juan Armando Lengua Balbi se presentó como abogado de Figari y adelantó que su defendido no renunciaría a la figura de la prescripción y que tampoco regresaría al Perú a dar la cara.

 

Ese mismo mes, el líder del Sodalicio deslizó una carta hacia el interior de su organización en la que se victimiza y trata de inspirar lástima. Más aún, denomina “errores, fallas, ligerezas” a las flagrantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por él y otros figurones de su sociedad de vida apostólica.

 

Casi a inicios de diciembre, se crea la “Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación” cuyo encargo es la investigación de actos de abuso por parte de miembros del Sodalicio.

 

Su mandato concluye en abril. Este diario pudo enterarse por fuentes directas que por aquella ya han desfilado un grupo de exsodálites y algunos sodálites en actividad.

 

Esta Comisión, a diferencia de la Fiscalía, sí ha podido convocar a víctimas sexuales de Figari, Germán Doig y Jeffery Daniels, entre otros.

 

Algunos miembros de dicho grupo de trabajo habrían quedado sumamente impactados con todo lo que han escuchado en estos cuatro meses. Sus conclusiones se harían públicas a más tardar en mayo.

 

Finalmente, quisimos contactar con los jerarcas del Sodalicio para entender la razón por la cual la institución católica mantiene el cobijo a Luis Fernando Figari en Roma. Lamentablemente, pese a todos los intentos, no fue posible hablar con ellos.

 

En el libro Mitad Monjes, mitad soldados, los periodistas Salinas y Ugaz detallan los abusos presuntamente cometidos por el fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari. Uno de los casos narrados corresponde a un estudiante captado en el segundo grado de secundaria, a quien los periodistas optaron por llamarlo "Santiago", reservando su identidad. Éste relató que fue víctima de abusos sexuales por parte de Figari en su casa de playa en San Bartolo. Otro testimonio es de un adolescente de entre 14 y 15 años que reveló haber sido obligado a desnudarse para pasar una supuesta prueba de control de su sexualidad.  En el libro hay unos 30 casos de presuntos abusos atribuidos a los líderes de la orden del Sodalicio de Vida Cristiana.

 

El periodista Pedro Salinas dijo desde un inicio que la comisión creada por el sodalicio para investigar las acusaciones contra Figari carecía de independencia porque todos los integrantes del mismo son cercanos al Sodalicio. "Si partimos así, esa aventura de investigación no va a arribar a nada. Parece que solo quieren tontos útiles en la comisión para la protección de Figari", dijo.