Treinta sacerdotes en Chile ya han sido condenados por la justicia canónica y civil por casos vinculados a abusos a menores

By Andrea Coñuecar Ojeda
La Prensa Austral
December 7, 2014

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[Thirty priests in Chile have been convicted by canon and civil justice in cases involving child abuse]

Hasta abril del año 2011, diecisiete casos de sacerdotes y un diácono vinculados a delitos graves contra menores de edad figuraban en el listado de sentencias que fueron dictadas por la justicia penal y canónica. La publicación de dicha nómina fue, en su momento, dada a conocer por el vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro y en ella aparecieron mencionados cuatro clérigos que sirvieron en Magallanes.

Nombres de sacerdotes como Víctor Carrera Triviño, Jaime Low Cabeza, Marcelo Morales Márquez y Nibaldo Escalante aparecieron en el registro que los inhabilitaba para el ejercicio del ministerio sacerdotal. Entre ellos, también apareció consignado el ex párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Fernando Karadima, cuyo caso remeció a todo Chile, generando un fuerte impacto tanto al interior de la Iglesia Católica, como fuera de ella.

Coincidentemente el año 2011, cuando el Vaticano determina la responsabilidad de Karadima en abusos a adolescentes, es que se gesta al interior de la Conferencia Episcopal el llamado “Consejo nacional para la prevención de abusos contra menores de edad y acompañamiento a las víctimas”. La instancia conformada por diez personas -nueve de las cuales desempeñan labores de voluntariado- tiene, entre sus objetivos, orientar, supervisar y evaluar las políticas de prevención de abusos sexuales de menores.
Dos de las integrantes del Consejo para la Prevención visitaron Punta Arenas, con el fin de impartir talleres dirigidos principalmente en colegios católicos. La psicóloga Josefina Martínez y la abogada María Celis, conversaron con El Magallanes, acerca de las motivaciones que guían el trabajo desplegado en la línea preventiva contra el abuso sexual, al interior de la Iglesia Católica. También participó Elisabeth Muñoz, coordinadora regional de la misma instancia.

- ¿Cuáles fueron las motivaciones para crear el Consejo Nacional para la Prevención de Abusos de Menores de Edad dentro de la Conferencia Episcopal?
JM: “Efectivamente, este es un organismo que depende de la Conferencia Episcopal y que se forma el 2011. Es un equipo interdisciplinario, cuya motivación es “poner sobre la mesa” la problemática del abuso sexual, reconociendo que también ocurre en la Iglesia. Ese es un signo importante de poder “abrir los ojos” y admitir que el abuso sexual se produce transversalmente en toda la sociedad. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de ese problema. Sin embargo, no solamente nos asiste responder a casos de abuso que han ocurrido dentro de la Iglesia, sino que también interesa poder trabajar en la prevención de ellos. Es decir, identificar factores de riesgo o elementos protectores, que hacen más difícil saber que estos casos se pueden estar produciendo en instancias eclesiales”.

- ¿Cuánto del “caso Karadima” influyó para poder generar el reconocimiento que dentro de la Iglesia se hacía necesario comenzar a abordar la temática sobre abusos sexuales a menores?

JM: “Creo que el caso Karadima no inicia la instalación del tema de los abusos al interior de la Iglesia, dado que hay antecedentes previos a esa situación, lo que no significa desconocer la importancia del caso que tú mencionas y el abordaje que los medios de comunicación instalaron en la opinión pública, cuando este hecho se dio a conocer…”.

- Si la Iglesia contaba con antecedentes de situaciones de abuso sexual a menores antes de que estallara el caso Karadima, ¿por qué recién el 2011 se crea el referido consejo?

JM: “Sin duda, hay una demora en reaccionar en este tema, lo que en ningún caso está vinculado a desatender un área como ésta, al interior de la Iglesia. La demora es más bien social y no exclusivamente de la Iglesia. Estamos todos llegando tarde a temáticas como ésta y justamente es porque ellas nos enfrentan al horror. O sea, el abuso sexual es un tema que a la gente le cuesta mucho representárselo en la cabeza y está demostrado que, frente a temas horrorosos, la sociedad crea mecanismos de negación y la sociedad somos todos, incluida la Iglesia. No podemos pretender que en la Iglesia vamos a tener una perfección mayor que al resto de la sociedad. O que como Iglesia, estamos en ventaja, para ver temas que otros no ven”.

- Usted señala que hay otros casos que se conocían antes de Karadima, ¿a cuáles se refiere?

JM: “Nosotros tenemos un listado público de clérigos denunciados y son casos conocidos mediáticamente. Por ejemplo, el caso del padre John O’Reilly o de Cristián Precht. Sin embargo, nuestra misión como Consejo no es ocuparnos de los casos, no somos un organismo que reciba denuncias. Más bien, nuestra misión es diseñar políticas de prevención y de acompañamiento a las víctimas. En ese sentido, estamos al servicio de las diócesis, pero no operamos como oficina de denuncias, pues eso ocurre a nivel local”.

- En el año 2011, tres ex alumnos del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas denunciaron abusos sexuales que implicaron al fallecido sacerdote Rimsky Rojas. ¿Tuvo la Conferencia Episcopal antecedentes de dichas denuncias?
MC: “Nosotros no tenemos ningún tipo de competencias para recibir denuncias, ni para abocarnos a casos de abuso sexual a menores. Pero lo que sí nos interesa es que, en todos ellos, se logre llegar a la verdad, porque de esa manera podemos saber mejor cómo implementar políticas de prevención. Ciertamente las situaciones de Magallanes, así como otras sucedidas en distintos lugares del país, han sido tristes y nuestra labor en eso, es orientar para que se intente acompañar a las víctimas y en la eventualidad que estén ocurriendo abusos, poder detectarlos precozmente y actuar sobre eso… Necesitamos que se vuelva a confiar otra vez en la Iglesia, porque la Iglesia es justamente la más interesada en que los casos de abuso sexual que han ocurrido y que implican a sacerdotes se conozcan. Sin saber los pormenores de todos los casos específicos que han ocurrido, nos asiste la confianza en que en todas las regiones donde la Iglesia está presente, se conozca la verdad”.

-¿Hay entonces una coordinación de información que llegue desde las regiones hasta ustedes, en el caso de que haya atisbos de posibles hechos de abuso sexual que impliquen a sacerdotes?
MC: “No, no existe. Nosotros nos hemos enterado por la prensa y en eso hay que destacar el rol que los medios de comunicación han realizado en este tema, de romper el silencio y permitir que todos sepamos. En tal sentido, tal como lo plantea Josefina, no hay una competencia de nuestro consejo, en recibir denuncias, ni de abocarnos nosotros a los casos. Tampoco recibimos información. Nuestro rol es, más bien, orientar a las autoridades eclesiásticas y a las comunidades para ver cómo prevenir mejor e intentar acompañar a las víctimas”.

- Entonces, ¿nunca hubo conocimiento en la instancia que ustedes integran de causas judiciales ocurridas en Magallanes y que implicaron a sacerdotes católicos que -en el ejercicio de sus roles- fueron denunciados por hechos de abuso sexual?
MC: “Yo soy profesora de derecho canónico en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y hacemos investigaciones. Desde la academia, intentamos buscar patrones y ahí nos interesa saber qué factores pueden gatillar el que un sacerdote se encuentre en una situación en la que eventualmente abuse y preguntarnos qué hicimos los demás para que eso pueda o no suceder…y ahí nos encontramos con factores detonantes como encargos pastorales que hayan sido excesivos, soledad de la misma persona, una selección poco profunda de quienes van a ser sacerdotes, etc…”.

- Y respecto a las causas judiciales y a las redes de abuso sexual que se ha acusado operan en Chile y que han implicado a sacerdotes…
MC: “Personalmente me leo todas las sentencias que acontecen en Chile…”.

- ¿Conoce la sentencia del sacerdote Luis Melchor Juragari Manaideke, sobre un hecho ocurrido en Puerto Williams?
MC: “Ese fue el caso de una cámara fotográfica que se puso en un baño…Entiendo que esa sentencia no fue calificada como un caso de abuso sexual por los tribunales chilenos, por lo tanto, no entra en esa categoría. Lo que tampoco se trata, de que tomemos con indiferencia lo que allí sucedió…”.

- Y los procedimientos judiciales que implicaron a los sacerdotes Antonio Larraín Pérez-Cotapos, Víctor Hugo Carrera y el ex sacerdote Jaime Low Cabeza, ¿fueron conocidos por la instancia que ustedes integran?
MC: “En algunos casos se dictó el sobreseimiento definitivo y en otros se condenó y, en ese sentido, lo que interesa es conocer el entorno en el que se generan estas conductas que, en algunos casos, responde a las escasas posibilidades de los sacerdotes de vivir en comunidad, algo que es casi connatural en algunas regiones como ésta…”.

- Entonces lo que ustedes hacen es tratar de entender las condiciones que gatillaron un hecho de abuso sexual en los sacerdotes, más que situarse en el contexto de las familias denunciantes.
EM: “No, nosotros lo que tratamos de entender es cuál es el perfil del abusador para poder contrarrestarlo como comunidad y entonces evitar nuevos abusos”.

- ¿Cuántos casos han sido sancionados por la Iglesia en Chile vinculados a abuso sexual?
EM: “En Chile, de 2.300 sacerdotes, desde el 2002 hasta ahora, ha habido 30 condenados por la justicia civil y por la canónica. Por un lado, existen 15 clérigos (14 sacerdotes y 1 diácono) condenados por la justicia civil. Y también existe cerca de 15 sacerdotes condenados canónicamente. De ellos, hay algunos en que la condena es temporal y en otras es perpetua. Esa es la realidad y, sobre ella, a nosotros lo que nos interesa como Consejo de Prevención es crear estrategias que sean aterrizadas de lo que ocurre en nuestro país, con las diversas realidades que tienen los sacerdotes en el ejercicio de la comunidad, en cada región. Importante es tener presente que la Iglesia no tiene herramientas para privar de libertad a una persona, porque esa privación le corresponde al Estado. Así como el Estado no tiene las herramientas para prohibir el ejercicio de los sacramentos a un sacerdote. Por lo tanto, estamos en una realidad de simultaneidad de jurisdicciones que se complementan de alguna manera y hay ciertos medios de prueba que se pueden valorar de distinta manera, porque no tenemos el tiempo de prescripción tan corto que tiene el Estado. Y, por eso mismo, han habido alrededor de 15 casos que sólo han sido condenados canónicamente y que no han podido ser condenados civilmente. Como fue el caso, por ejemplo, de Cristián Precht, que sólo fue condenado canónicamente”.