Sin Secretos Con El Crimen De Abuso Sexual a Menores

El Nuevo Dia
May 16, 2014

http://www.elnuevodia.com/editorial-sinsecretosconelcrimendeabusosexualamenores-1773926.html

El enfrentamiento judicial entre la diocesis catolica de Arecibo y el Departamento de Justicia de Puerto Rico cobra un nuevo giro con el primer arresto efectuado por las autoridades federales en el Pais de un sacerdote suspendido de sus funciones por un admitido acto de pedofilia.

Aunque el sacerdote arrestado, Israel Berrios Berrios, pertenece a la diocesis de Caguas, resulta obvio que el Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas (ICE) tiene en su mira tambien a la diocesis de Arecibo, la que a pesar de que seis de sus sacerdotes han sido expulsados en anos recientes, se resiste a entregar los expedientes al Departamento de Justicia local.

La diocesis arecibena ha sufrido dos reveses judiciales en su esfuerzo por demostrar que los expedientes requeridos por los fiscales de Justicia son confidenciales, pero ahora el asunto esta en manos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que la semana pasada accedio a revisar el caso.

La Oficina de Seguridad Interna del ICE decidio investigar los casos de pedofilia por parte de sacerdotes en Puerto Rico en febrero pasado, cuando solicito a Justicia informacion y colaboracion en la pesquisa que su departamento habia iniciado una semana antes, segun reporto El Nuevo Dia en una serie investigativa sobre el escabroso tema.

El arresto de Berrios Berrios, de 58 anos, por cuatro cargos federales de trafico sexual de menores y transportar un menor para involucrarlo en un acto sexual ilicito, es el primero que realizan las autoridades federales aqui y se produjo como antesala a la radicacion, el mismo dia, de cargos similares por parte de los fiscales de Justicia en el Centro Judicial de Caguas.

En el caso de Berrios Berrios, el obispo de Caguas, Ruben Gonzalez, ha ofrecido detalles de su suspension del sacerdocio, decretada tras el cura admitir el abuso sexual cometido en 2007 contra un adolescente que ahora lo ha denunciado como adulto, asi como del envio del caso al Vaticano para tramitar la expulsion del religioso, que aun esta pendiente.

El obispo de Arecibo, Daniel Fernandez Torres, por su parte, ha defendido, tanto personalmente como a traves de sus abogados, la supuesta confidencialidad de los casos ocurridos en su diocesis y ha impugnado en corte la autoridad de Justicia para investigarlos.

La investigacion periodistica de El Nuevo Dia, que se publico en febrero de este ano, reavivo el interes de las autoridades, tanto locales como federales, en los casos de abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes. Victimas de estos abusos, ahora adultos, denunciaron que pasadas autoridades eclesiasticas habian encubierto a los supuestos agresores.

En ese orden, hoy dia las autoridades federales confirman precisamente que sus investigaciones enfocan en la posibilidad de encubrimiento por parte de obispos y otras autoridades de la iglesia.

Porque aunque los sacerdotes senalados fueron castigados y, en algunos casos, expulsados de la iglesia por el Vaticano, nunca fueron denunciados ante las autoridades civiles.

Seis sacerdotes de la diocesis de Arecibo fueron expulsados en los ultimos dos anos, pero el obispo Fernandez Torres justifico que los casos no se denunciaran a la Policia diciendo que las victimas ya eran adultas cuando se querellaron. De la informacion que Justicia logro conseguir de esa diocesis mediante subpoenas se desprende que al menos 20 victimas fueron abusadas por los seis excuras.

Sin embargo, el grueso de la informacion requerida por Justicia no ha sido entregada bajo la alegacion de que hubo acuerdos de confidencialidad con las victimas, lo que el fiscal de distrito de Arecibo, Wilson Gonzalez Antongiorgi, sostiene que no se justifica y que “no pueden entorpecer el proceso”.

Coincidimos plenamente. La Iglesia Catolica no puede proteger a estos agresores sexuales que troncharon la inocencia de menores indefensos faltando a la confianza puesta por sus padres en la sotana religiosa, y que cometieron delitos repugnantes por los que deben responder ante la ley.