El magistrado había hecho lugar a una medida de “interdicción” (prohibición para salir del país), solicitada por la querella apenas comenzada la investigación judicial, de ahí la necesidad del cura de solicitar autorización para viajar al exterior.
Ilarraz tiene doble nacionalidad argentino-española y, según el abogado querellante Marcelo Baridón, “se han acreditado por la Dirección Nacional de Migraciones frondosos antecedentes en materia de salidas del país por parte del cura” y precisó que ha realizado viajes a Italia y Brasil. Baridón consideró que “se debe mantener la prohibición de salir del país, ya que Ilarraz no fundamenta la razón por la que quiere viajar, solamente pide que se levante la interdicción, aunque no acredita ninguna necesidad de viaje” y advirtió que “Ilarraz es una persona que tiene la capacidad económica suficiente como para moverse en el extranjero”, dando a entender que en caso de ser autorizado a viajar podría profugarse y eludir la acción de la Justicia.
El cura está acusado por más de 50 casos de abusos sexuales perpetrados contra menores de edad entre 1984 y 1992, cuando era responsable del Seminario Menor de Paraná. La defensa del sacerdote planteó la prescripción de la causa por el paso del tiempo y Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná hizo lugar al planteo. Pero el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, pidió a la Sala Penal que declare la nulidad de la prescripción por “graves vicios” en el fallo y reclamó que continúe la investigación judicial.
Mientras tanto, el Papa Francisco ordenó una segunda investigación interna para analizar las acusaciones de pedofilia contra Ilarraz, a partir de una presentación efectuada por Baridón y Álvaro Piérola ante la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, y el tribunal eclesiástico de Santa Fe, en nombre de una de las víctimas. En el escrito, acusaron al sacerdote por el incumplimiento del “sexto mandamiento del decálogo que obliga a los católicos a no cometer actos impuros”. La investigación está a cargo del vicario de Justicia del Tribunal Interdiocesano de Santa Fe, Alejandro Bovero, quien analiza el testimonio de una de las víctimas que ya declaró ante la Justicia entrerriana.