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  Caso Karadima: Obispo Arteaga Expresa Disponibilidad Para Declarar

The Terra
April 27, 2011

http://www.terra.cl/actualidad/index.cfm?id_cat=302&id_reg=1640596

SANTIAGO.- El obispo Auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, manifestó que está disponible para declarar ante la justicia en el caso que investiga las acusaciones de abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima.

Arteaga dijo que si bien no ha sido citado por la ministra en visita Jéssica González, afirmó que es su deber como "ciudadano, sacerdote y obispo" colaborar con la justicia.

Sobre el "Protocolo Ante denuncias Contra Clérigos por Abusos de Menores" presentado por la Conferencia Episcopal esta semana, el obispo quien perteneció al círculo más cercano del sacerdote Fernando Karadima, añadió que "todo gesto de transparencia es un aporte".

Arteaga agregó que "es un resguardo para no volver a cometer errores que se han cometido en el pasado. Para que todos lo conozcan, no tiene por qué ser oculto; es importante que todos sepan a qué atenerse ante las acusaciones. Más que protocolo es importante tener un equipo que ayude a la prevención y al proceso de la denuncia", reprodujo radio Cooperativa.

Las declaraciones las formuló tras oficiar la misa con que se conmemoró el día de la Virgen de Montserrat, en el Santuario La Viñita.

EL PROTOCOLO

El texto del protocolo que fue difundido en la página web de la iglesia señala que "Una novedad del documento es la celeridad que se impone a la reacción de las autoridades de la propia Iglesia cuando tengan "noticia" de abusos. Y se entiende por "noticia" todo nivel y calidad de información que ellas reciban; no sólo denuncias formales por escrito con siete copias. No; incluso ante rumores van a tener que reaccionar y comenzar a investigar".

"Un punto clave es que esa obligación va acompañada de otra, igualmente expresa: la de "no desconocer" el cumplimiento de las leyes civiles desde las "etapas preliminares". Esto es, junto con los primeros pasos apenas recibidas esas "noticias" de algún abuso (incluso rumores), se deberá considerar la denuncia ante la justicia penal ordinaria.

Una señal clara de esta nueva actitud frontal y proactiva está reflejada en la siguiente oración: "El mero traslado de diócesis nunca puede ser considerado como una medida preventiva o como pena penal medicinal suficiente". Un verdadero "nunca más", debiéramos concluir. Porque esos recurridos traslados bajo cuerda solían ser el instrumento del encubrimiento y la evasión de la justicia.

Un aspecto más polémico del Protocolo de los obispos está contenido en afirmaciones como que "la Iglesia no es una corporación privada; así tampoco está sometida a Estado alguno"... o "la presencia de la Iglesia no se encuentra circunscrita a los límites territoriales de los Estados".

Pero el número 38 del documento lo aclara todo: "Nada exime a un clérigo de responder por sus actos ante la justicia civil". Es más: "El hecho de ser un ministro de la Iglesia no exime de este deber; por el contrario, moralmente lo refuerza".

Se entiende así que la Iglesia busca delimitar un campo de acción propio en el que nadie tendría que entrometerse (determinado además por su condición de institución universal más allá de las fronteras entre Estados), pero finalmente no desconoce y, al contrario, reivindica y acata, el orden civil y el estado de derecho. Una cosa no quita la otra.

Cuesta recordar otro documento donde se dijera tan nítidamente que los clérigos son ciudadanos y tienen que cumplir, obviamente, con todo lo que debemos cumplir todos los demás ciudadanos.

Los obispos imponen a todos quienes tengan las responsabilidades señaladas por el Código Penal (no por las leyes canónicas) la obligación de denunciar los abusos a los tribunales ordinarios... ¡dentro de 24 horas! de recibida la información de un posible hecho criminal de esta naturaleza.

Y deja aún más claras las cosas al señalar que "participan en el delito como encubridores" quienes dificulten la investigación de los hechos "y quienes alberguen, oculten o proporcionen la fuga del culpable".

Finalmente, el Protocolo refleja otra actitud no conocida hasta hoy: La Iglesia debe ayudar a las víctimas incluso a encontrar abogado para la causa penal en la justicia ordinaria.

 
 

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