Demanda de cambios profundos
En septiembre de 2011, el Vaticano presentó, con retraso, su segundo reporte sobre la Convención, de 44 páginas de largo, y en el cual abordó superficialmente la pederastia clerical.
Por ejemplo, citó como medios de acción la exhortación, la predicación, el buen ejemplo, la enmienda, el sacramento de la penitencia y la reconciliación.
Dentro de las penas mencionó la excomunión, el entredicho, la suspensión, la expulsión del estado clerical, la pérdida del cargo y la prohibición o el mandato de residir en un lugar determinado. Además, defendió la confidencialidad de esos procesos.
En sus respuestas del 2 de diciembre de 2013 a las preguntas del Comité, el Vaticano señaló que “es importante enfatizar que, de acuerdo con los procedimientos acostumbrados previstos por la ley internacional, no es usual que la Santa Sede revele información sobre la disciplina religiosa de miembros del clero o religiosos según la ley canónica, a menos que haya un asunto relacionado con la cooperación judicial internacional con un Estado”.
En su reporte al Comité Luchando por el futuro. Sobrevivientes adultos trabajan para proteger a la niñez y terminar con una cultura de abuso sexual clerical, de febrero de 2013, SNAP y el estadunidense Centro para los Derechos Constitucionales (CCR por su sigla inglesa) pidieron adoptar medidas disciplinarias para los altos funcionarios, incluyendo obispos y cardenales que se involucren en el encubrimiento de casos de abuso sexual y quienes incumplen el reporte a las autoridades seculares.
Las organizaciones solicitaron requerir reportes obligatorios ante las autoridades seculares y pedir revisión de antecedentes y evaluaciones psicológicas de especialistas independientes antes de admitir a clérigos para puestos de contacto cercano con niños y adultos vulnerables.
Asimismo, recomendaron abrir los procedimientos eclesiásticos al público, con respeto a las situaciones en las cuales las víctimas piden confidencialidad.
Por su parte, una coalición de organizaciones mexicanas ha pedido en su reporte de diciembre último Pederastia clerical de mexicanos en México y en otros países 1944-2013, que se consideren delitos de Estado, por la implicación directa del Vaticano.
“En el fondo se trata de crímenes de Estado, pues las conductas pederastas fueron auspiciadas, toleradas, protegidas y encubiertas desde la cúpula misma de la estructura organizada del poder vaticano”, subraya el documento, de 29 páginas, y entregado al Comité.
El colectivo solicita la publicación de todos los documentos y expedientes en posesión de los distintos dicasterios y órganos de la Santa Sede y de los archivos de los papas, desde Pío XII hasta Francisco, sobre abusos sexuales contra niños perpetrados por religiosos católicos en México, desde los casos de Maciel hasta nuevos que no hayan trascendido.
“Que se le recomiende a la Santa Sede que actúe de manera diligente para favorecer que los miembros de la iglesia católica responsables de actos de abuso sexual en México, respondan ante las autoridades civiles de los países en donde ocurrieron dichos abusos”, clama el reporte.
Además, pide que se esclarezca si hubo participación de la Santa Sede en los acuerdos entre el entonces cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, y Rivera para gestionar la fuga del sacerdote Nicolás Aguilar de la ciudad californiana en 1989, cuando enfrentaba 26 denuncias de ataque sexual a menores.
Los alegatos contra sacerdotes católicos de abusar sexualmente de niños y adolescentes estallaron en EU en 2002 y luego proliferaron en países europeos, como Alemania, Irlanda y Bélgica, así como en América Latina, especialmente en México y Chile.
A la luz de las revelaciones e investigaciones recientes, se ha estimado que el número de víctimas de violencia sexual entre 1981-2005 ronda las 100 mil y posiblemente aumenten mientras más datos surgen de Latinoamérica y África.
A 2012, el Vaticano había documentado 612 casos de abusos sexuales que involucraban a miembros del clero, de los cuales 418 fueron contra menores.
El informe de la coalición mexicana se concentra en los casos de Maciel, Aguilar y el párroco Carlos López Valdez, acusado de abusar de niños que fueron invitados a ser acólitos de la parroquia de San Agustín en la ciudad de México.
Maciel, fundador de la Orden de los Legionarios de Cristo, abusó sexualmente de dos de sus hijos y de varios seminaristas de esa agrupación entre 1941 y 1970. En mayo de 2010, el Vaticano calificó su conducta de criminal, “grave y objetivamente inmoral” y lo acusó de haber vivido sin escrúpulos. En 2006, Benedicto XVI le ordenó retirarse y vivir en penitencia, pero sin proceder más allá de esas medidas tibias.
Respecto a Carlos López, en 2007 la Arquidiócesis Primada le pidió que atendiera sus “conductas inadecuadas”, pero no hizo caso y continúo ejerciendo su ministerio, a pesar del llamado de atención del obispo auxiliar de México y Vicario Episcopal, Jonás Guerrero, el 13 de septiembre de ese año. Se esperaba que el Vaticano fallara en contra del sacerdote en noviembre de 2010, pero a la fecha eso no ha ocurrido.
Las ONG señalan que en Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania e Irlanda cada indagatoria ha identificado las mismas políticas y prácticas que permitieron la proliferación de la violencia sexual y que agravó el daño a las víctimas directas.
“Sin excepción, cada pesquisa llegó a la misma conclusión: la preocupación primordial de los funcionarios de la iglesia en estos casos ha sido proteger su reputación y sus sacerdotes, pero no en el interés superior de la infancia”, concluye el reporte de SNAP y CCR.
En el patrón hallado identificaron políticas como la negativa a cooperar con las autoridades civiles, la práctica de “mover sacerdotes”, en la cual obispos, cardenales u otros altos funcionarios han transferido transgresores conocidos a otros sitios donde continuaron teniendo acceso a niños o adultos vulnerables, la destrucción de evidencia y obstrucción de justicia, así como culpar a las víctimas de las ofensas padecidas.
En mayo de 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe instruyó a todos los episcopados del mundo a contar con procedimientos claros sobre el manejo de las agresiones. Además, se reformó el Código de Derecho Canónico para endurecer las penas contra los curas pederastas.
El 5 de diciembre último, el Vaticano anunció que el Papa Francisco I creó una comisión para asesorarle sobre la crisis de violencia sexual dentro de la iglesia, la cual estaría integrada por clérigos y laicos, con más énfasis en la respuesta pastoral y menos en las partes jurídicas.
El argentino Jorge Mario Bergoglio, quien asumió el papado en marzo de 2013 bajo el nombre de Francisco I, ha tenido que enfrentar algunos escándalos, aunque sean la derivación de la crisis heredada por Juan Pablo II y Ratzinger (Benedicto XVI).
En septiembre del 2013, Francisco I retiró al entonces obispo auxiliar de Ayacucho (Perú), Gabino Miranda, por acusaciones de agresión sexual contra un monaguillo de 14 años y de una novicia; no ha respondido ante la justicia civil local.
Si bien Francisco I censuró la pederastia clerical y cuestionó que la iglesia no se avergüenza por esa conducta en su homilía del pasado jueves 15, ha cometido resbalones, como reunirse en privado con Mahony ese mismo día, a pesar de su rol de encubridor de pederastas en la Arquidiócesis de Los Ángeles que presidió entre 1985 y 2011. El propio Mahony reveló el encuentro en su blog.
“El nuevo papa parece estar haciendo gestos incitantes en muchas áreas, pero no está haciendo nada incluso para empezar a exponer, muchos menos revertir, décadas de encubrimiento clerical que arriesga a los niños y protege a los depredadores. Es decepcionante y es aún otra razón por qué aquellos que ven, sospechan o sufren crímenes sexuales del clérigo deben contactar a las autoridades seculares, no a las figuras de la iglesia”, señaló Bárbara Blaine.
La activista no ve ningún tipo de cambio sustancial que haga a los niños más seguros. “El Comité no hará cambiar al Vaticano, será la presión de la comunidad internacional”, recalcó.
Alberto Athié espera que “en el cúmulo de preguntas y en los vacíos de algunas de las respuestas de la Santa Sede se inicie ya un proceso de mejoramiento de la forma en la cual el Vaticano tendrá que ir respondiendo cada vez con mayor claridad”.
El 5 de febrero próximo, el Comité emitirá sus conclusiones sobre los exámenes al Vaticano, Congo, Alemania, Portugal, la Federación Rusa y Yemen, analizados durante su 65 periodo de sesiones del 13 al 31 de este mes.
Archivos que denuncian
En convergencia con la audiencia en Ginebra, expedientes de la Arquidiócesis de Chicago desclasificados el día 15, sacan a luz la historia de al menos cuatro sacerdotes vinculados con México y sindicados de abuso sexual contra infantes.
Los documentos, que versan sobre 30 sacerdotes acusados de ataques sexuales en las últimas décadas, exhiben a los reverendos Jesús P. Garza, Eusebio Pantoja, Juan Francisco Hinojosa y el peruano Carlos Enrique Peralta Luna.
Este último caso es sumamente llamativo, pues se paseó por EU, México, Guatemala y Chile sin que las autoridades eclesiásticas procedieran estrictamente en su contra.
Originario de Ayacucho, en el centro de Perú, Peralta arrastraba señalamientos desde que estudiaba el sacerdocio en Chile, Perú y Guatemala, pues sus superiores presentaron quejas muy generales sobre su conducta.
El presbítero finalmente se graduó de licenciado en Teología en la privada Universidad Francisco Marroquín de Guatemala con la tesis Dimensión socio-política de la misión de la iglesia y el sacerdote, de 121 páginas, en mayo de 1990.
En 1991, cuando fungía como administrador de una escuela en Perú, fue descubierto a medianoche con un niño en su dormitorio. Por ello, un colega suyo lo reportó con el reverendo Juan Vera, responsable de los Salesianos en la nación incaica.
En 1995, varios estudiantes lo denunciaron ante los dirigentes de la orden por abuso sexual. Un comité disciplinario religioso concluyó que “cosas indescriptibles han ocurrido” y ordenan que Peralta permanezca lejos de los infantes.
El fallo subrayó que el sacerdote “es una persona inmoral, sin dignidad personal, quien esconde detrás de su apariencia personal una actitud indescriptible”.
En 1997, los salesianos lo enviaron al centro de tratamiento para clérigos “Domus Marie” (Casa de María) en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires (Argentina), fundada en 1990 y por la cual han pasado más de 70 curas de toda Latinoamérica.
En marzo de 1998, Peralta fue transferido a la nueva Parroquia de San Juan Bosco en Chicago, gracias a un permiso de trabajo arquidiocesano firmado por Vera y en el cual declaró que el sacerdote gozaba de buena reputación y no tenía problemas de trabajar con menores. Pero el religioso habría falsificado ese documento.
En mayo de 1999, el clérigo fue acusado en Chicago de abuso sexual de cuatro niños y fue enviado a un centro de tratamiento en Virginia y luego a una residencia para salesianos en Nueva Jersey. Los salesianos estadunidenses aseguraron desconocer sus antecedentes y lo suspendieron de cualquier contacto no supervisado con infantes.
Peralta abusó de los cuatro menores entre octubre de 1998 y mayo de 1999 cuando durmió en las residencias de las víctimas.
Esas revelaciones quedaron plasmadas en el expediente 02-2692-ci-19, en el cual el estadunidense Rick Gómez se querelló el 3 de abril de 2002 en la Corte del Sexto Distrito en Pinellas County (Florida) contra el Vaticano, la Diócesis de San Petersburgo (Florida), la orden salesiana y el sacerdote William Burke.
En el pliego, de 21 páginas y consultado por Proceso, Gómez les atribuyó delitos de ataque sexual, negligencia y conspiración para infligir intencionalmente angustia emocional.
Hacia 1987, Gómez, de 14 años y quien asistía a la Mary Help of Christians School, sufrió abuso sexual de Burke unas 30 veces en el dormitorio, las aulas, la iglesia y otras áreas en Tampa (Florida).
En cuanto a Peralta, la querella relata que “fue trasladado a lo largo de las fronteras nacionales y situado con el obispo católico de Chicago a causa de numerosos actos de abuso sexual contra menores mientras servía fuera de Estados Unidos” y denuncia: “Su historia de abuso sexual fue documentada y mantenida en archivos secretos por los acusados”.
Al saber de los alegatos y la investigación, los acusados trasladaron secretamente al clérigo pedófilo de la jurisdicción en Illinois a Nueva Jersey para “obstruir la justicia, evitar la persecución criminal y el escándalo público, y con el propósito de esconder la actividad criminal de sus clérigos”.
Los Salesianos lo trasladaron entonces a la Ciudad de México y “fuera de la jurisdicción de autoridades estadunidenses con el propósito de esconder una conducta sexual criminal, obstrucción de la justicia y evitar escándalo público y pérdida financiera”.
Pero en noviembre de 2002 el abogado Jeffrey Anderson, célebre por sus refriegas legales contra las entidades religiosas estadunidenses por proteger a curas pedófilos, retiró la demanda antes de que el juez John Lendermann la desestimara, porque el acusador dejó pasar más tiempo de los cuatro años estipulados por la ley para presentar la querella.
Peralta prosiguió su camino impune y en 2001 arribó a la orden salesiana en la Ciudad de México. El periódico The Dallas Morning News lo descubrió en la sede de los salesianos en la Colonia Anáhuac. La oficina de los Salesianos mexicanos indicó a Proceso que las personas responsables del tema estaban de viaje y estarían disponibles en dos semanas.
En los últimos años, al menos 14 diócesis estadunidenses han desclasificado documentos sobre religiosos acusados de abuso sexual, forzadas por el litigio de los casos en las cortes. En enero de 2013 lo hizo la Arquidiócesis de Los Ángeles y en julio la de Milwaukee (Wisconsin).
Otro caso es el del reverendo Jesús P. Garza, ordenado el 9 de mayo de 1979, y quien renunció al sacerdocio en julio de 2000 por las acusaciones de pederastia en su contra.
Entre 1979 y 1981 trabajó en la Parroquia de San Casimiro en Chicago y entre 1981 y 1986, en la de San Sebastián.
Entre 1984 y 1985 estuvo en la Preparatoria Quigley Seminary-North, de 1986 a 1989 fue asignado a la Parroquia de St. Ita y de 1989 a 1994, a la de San Aloisio.
De 1995 a 1996 permaneció en la Parroquia de Santa Margarita María, entre 1996 y 1997 en la Preparatoria Edgewood y fue administrador de la Parroquia Resurrección entre 1997 y 1998. En todos esos sitios tuvo contacto con niños y adolescentes.
A esa historia se suma la del reverendo Eusebio Pantoja, a quien un hombre de 48 años, identificado solo como “John Doe”, lo demandó, con su orden de los Misioneros Claretianos, en octubre de 2003 por abuso sexual.
El acusador denunció que fue atacado por Pantoja cuando tenía 14 años en la casa del sacerdote y en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el sur de la ciudad de Chicago.
Pantoja predicó en esa iglesia, rebautizada como la Capilla Nacional de St. Jude, en 1970 y también lo hizo luego en parroquias en Perth Amboy (Nueva Jersey), Texas y México.
El párroco fue removido del ministerio en marzo de 2003, luego de que su acusador presentó una queja contra el sacerdote en la Arquidiócesis de Chicago.
Finalmente, en junio de 1993 un joven de 16 años denunció al diácono Juan Francisco Hinojosa de haberlo asaltado sexualmente en el apartamento del religioso.
Hinojosa, que entonces contaba con 28 años de edad, estudiaba en el seminario “Santa María del Lago” en la localidad de Mundelein (Illinois).
Pantoja e Hinojosa habrían escapado a México. La Arquidiócesis de Chicago informó de que todos los curas involucrados en los papeles están fuera del ejercicio religioso y 14 ya murieron.
La institución aseguró que ningún sacerdote con el menor alegato de abuso sexual de un menor practica en esa arquidiócesis, que enlistó 65 clérigos, pero la organización independiente BishopAccountability.org enumeró 121.