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Los Casos que han afectado a la región
procesos / Otras dos denuncias se registraron el año pasado en Limache y Putaendo

El Mercurio de Valparaíso
20 de febrero de 2011

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110220/pags/20110220000406.html

En marzo de 2008, en un fallo de segunda instancia, la Corte de Apelaciones de Valparaíso sentenció a cinco años de presidio menor en su grado máximo con el beneficio de libertad vigilada, al sacerdote Eduardo Francisco Olivares Martínez (46) por dos delitos de estupro y tres de abuso sexual.

Los crímenes fueron cometidos por Olivares en el 2002 y afectaron a cuatro menores del hogar María Teresa Brown de Ariztía, perteneciente al Refugio de Cristo. Por entonces, las víctimas fluctuaban entre los 13 y los 17 años de edad y fueron defendidos por el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso.

Ese fallo significó un aumento de dos años en la condena, pues en el 2006, Olivares había sido sentenciado a tres años y un día por el Tercer Juzgado de Valparaíso.

Este caso fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes y de la opinión pública por la propia iglesia el 30 de octubre de 2002 a través de la Fundación Refugio de Cristo y del Obispado de Valparaíso.

En septiembre del año pasado fue detenido e imputado el párroco de Putaendo, de 49 años, como autor de presuntos abusos sexuales en contra de tres niñas de 13 años, acciones que habrían sido cometidas entre los años 2002 y 2005

La investigación que sustancia el Ministerio Público de San Felipe se basa en una denuncia presentada por una de las víctimas, que en la actualidad tiene 20 años.

El fiscal a cargo del caso explicó en ese momento que el sacerdote fue formalizado por tres hechos distintos; una violación y abuso sexual en contra de una de las víctimas, abuso sexual en contra de otra y estupro cometido contra la tercera.

En marzo de 2010 el sacerdote de la parroquia de Lourdes de Limache fue formalizado por la Fiscalía por el delito de obtención de servicios sexuales de menores. Los hechos se habrían registrado el 2008, cuando las jóvenes tenían entre 15 y 16 años.



 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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