Si bien el obispo Juan María Agurto no entregó una nueva opinión acerca de diversos problemas acontecidos en la diócesis de Chiloé, Palena y las Guaitecas en los últimos años, sí señaló que su posición sigue siendo la misma emanada en distintas ocasiones anteriores a este medio de comunicación.
Uno de los casos más bullados es el de la Fundación de Amigos de las Iglesias de Chiloé. Críticas han emanado de consejeros regionales en los últimos años a la forma en que se han usado recursos gubernamentales provenientes del préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, al turismo de la zona.
"Constantemente, desde el inicio del programa de restauración hemos pedido que estén presentes los organismos fiscalizadores y así lo han hecho y, si hay que hacerlo de nuevo, no hay ningún problema", señaló en su momento el prelado.
Acerca de la reciente salida del director ejecutivo de la fundación, Hernán Pressa, quien estuvo al frente de las restauraciones de los últimos años, el religioso mencionó que el economista había cumplido una etapa en la institución, agregando que "como ocurre normalmente en toda institución, se evalúa y se toman las decisiones que corresponden".
ABUSO SEXUAL
Otro de los temas consultados a Agurto en los últimos años ha sido sobre el juicio por abuso sexual que condenó a un diácono en el 2006. El jefe episcopal había sido ordenado apenas dos meses antes por el propio ministro religioso.
En la ocasión, el líder de la iglesia católica insular manifestó, a través de un comunicado, que "las acciones que se han denunciado son gravísimas; para la Iglesia constituyen un pecado muy grave y declaramos con energía que en el sacerdocio no hay lugar para quienes las cometen".
En los hechos, en febrero del 2007, el diácono José Miguel Narváez Valenzuela fue hallado culpable por el Tribunal Oral de lo Penal de Castro y sentenciado a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo por el hecho acontecido en diciembre del 2004, en uno de los dormitorios del Obispado de Ancud, contra el (entonces) menor de 16 años de iniciales A.B.B.
Como pena accesoria, el victimario que realizaba actividades pastorales en Achao y Ancud debe cumplir los 10 años siguientes a su excarcelación bajo el régimen de vigilancia de la autoridad, informando su domicilio cada tres meses en Carabineros.
CRIMEN
Años antes, remecía a la provincia y gran parte del país, uno de los más brutales crímenes cometidos en Chiloé en las últimas décadas, acto perpetrado al interior del Colegio Seminario Conciliar, en Ancud.
El vigilante Carlos Sandoval Galindo fue muerto de más de 40 puñaladas el 18 de octubre del 2002. La familia de la víctima inició una demanda legal contra el sostenedor del colegio, el Obispado San Carlos de Ancud.
La viuda del trabajador, María Ojeda Leiva, pedía 100 millones de pesos como indemnización por el homicidio ocurrido cuando su marido se encontraba cumpliendo funciones al interior del establecimiento, ya que, a su juicio, no se contaba con la seguridad necesaria para la labor de su cónyuge.
Las funciones de Sandoval eran de vigilante y no de "guardia de seguridad", replicaba monseñor Agurto, entonces obispo coadjutor de Ancud. La mujer no logró recibir por parte del empleador de su marido la suma requerida.
