Hoy formalizan a sacerdote Casiano Rojas por apropiación indebida de $50 millones sustraidos desde un colegio de Vallena
Chanarcillo.cl
13/05/2009
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Hoy la fiscalía de Vallenar busca aclarar el destino de 50 millones de pesos desaparecidos desde el Liceo San Francisco bajo la dirección del sacerdote Casiano Rojas Viera, antiguo director del establecimiento educacional, el cual ha sido acusado de apropiación indebida. Los hechos fueron descubiertos a fines de octubre de 2007 en base a las denuncias realizadas por apoderados del Liceo San Francisco, las que se confirmaron por una auditoría financiera encargada por el Obispado de Copiapó que arrojó que no se logró determinar la totalidad de los egresos en esta última institución durante la administración del presbítero Casiano Rojas. Por tal motivo, el Obispado decidió en aquella oportunidad entregar al Ministerio Público todos los antecedentes recabados respecto a lo sucedido en este tradicional colegio. Cabe recordar que los descargos del presbítero imputado apuntaron a que el Obispo Gaspar Quintana conocía "perfectamente dónde están los dineros, en qué se invirtieron, qué se hizo con ellos… hay que preguntarle al obispo acerca de la autoridad que tenía yo para mover dineros y distribuir dineros sin documentos". En la oportunidad, la denuncia que dio inicio al polémico caso fue realizada por el secretario del Centro General de Padres del Liceo San Francisco, Carlos López Cortés, quien planteó que es necesario que se aclare el destino de los millones de pesos, luego que el mismo obispo Quintana les informara de las irregularidades al interior del liceo. Por su parte, el Obispado de la capital regional confirmó que la auditoría contable efectuada a la administración del Liceo San Francisco de Vallenar comprendió el período 2000-2005, periodo de desempeño del sacerdote Casiano Rojas, y no se pudo justificar los $50 millones en gastos por esa cifra. De esta forma, hoy se inicia el proceso que buscará justificar los dineros faltantes, donde el párroco sindicado deberá presentar los alegatos que puedan justificar su inocencia en contra de los datos aportados por la auditoría del atentado y la denuncia del Centro de Padres del establecimiento educacional afectado.
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