YO, PECADORA por Juan Manuel Ugalde R. La Nación 29 de Junio de 2003 http://lanacion.cl/2003/06/29/yo-pecadora/ La sanción impuesta a la Iglesia Católica por la jueza del 16º Juzgado del Crimen de Santiago, Rosa María Pinto, quien acreditó una “falta de cuidado” del Arzobispado de Santiago en la tutela del ex sacerdote José Aguirre Ovalle, el ‘cura Tato’, abrió una nueva arista de discusión respecto a la responsabilidad que le corresponde al organismo rector, tras haber conocido las denuncias de los familiares de las víctimas con anterioridad a la justicia. Las quejas frente a este cura que vivía sólo, que gustaba de andar en moto y que “toqueteaba” a las niñas cuando las confesaba, quedaron estampadas en distintas declaraciones de los querellantes, hechos que obligaron a la magistrada a abstraerse de su condición de católica practicante y sancionar a la institución religiosa con un castigo civil solidario que la obliga a un pago de 50 millones de pesos a la familia de las dos de las principales víctimas. Uno de los principales precedentes para acreditar la omisión de la Iglesia surgen de la declaración del propio ex presbítero, condenado a 12 años y un día por un estupro (penetración con engaño) y nueve abusos sexuales a menores. ‘Tato’, a fojas 31 del sumario, y luego de confesar que había mantenido una “relación amorosa” con la menor V.P.C, desde que tenía 14 años, señaló: “Soy sacerdote diocesano desde hace 19 años, antes estuve en la Parroquia Nuestra Señora de Apoquindo, en el año 1993 ó 1994, donde también tuve un problema del mismo tipo con otra niña, de 17 años, que no me acusó, aunque hablé con sus padres, que decidieron irse a vivir a otra ciudad, mis superiores lo supieron, quienes me enviaron a Honduras, donde estuve tres años, sin que tuviera problemas parecidos en ese país”. ¿SANCIÓN DE TRASLADO? De hecho, el traslado a otras parroquias y diócesis, en las peores situaciones, ha sido una de las prácticas habituales de la Iglesia para dar salida a casos que comprometen a algunos de sus miembros en problemas de carácter sexual: el exilio en Alemania del ex obispo de La Serena Francisco José Cox y el viaje a Italia del padre Víctor Hugo Carrera, ex secretario del obispo de Punta Arenas, Tomás González, quien abusó de una menor de 13 años en la capilla de la ciudad. Ocultar parece haber sido la práctica habitual. Fabiola Maldonado, abogado de la familia de las hermanas V.P.C y T.P.C, cuya demanda fue acogida y dio origen a la sanción a la Iglesia, precisó a La Nación Domingo que a su juicio la conducta adoptada por la Iglesia a lo menos es preocupante, ya que en el caso del ‘cura Tato’ su única respuesta fue tratar de ocultar los hechos, tanto el ocurrido en Apoquindo como en Quilicura, ya que en ambas situaciones fue trasladado a Honduras. “La falta de celo y de cuidado que tuvo el Arzobispado parten con el caso de la primera menor de Apoquindo. El caso fue manejado personalmente por monseñor Carlos Oviedo, quien lo envió a España y Honduras. Lo hacen volver tres años más tarde para colocarlo sin ningún miramiento a la cabeza de una comunidad repleta de menores. Me pregunto si la Iglesia piensa, después de conocer estos hechos, si de verdad creen que se tratan de delitos, porque no toman medidas y tienden a echar un manto sobre los hechos con los traslados”. Sin duda, el principal antecedente que existe en el proceso que se siguió contra Aguirre y que compromete directamente a sus superiores jerárquicos, es el testimonio que consta a fojas 133 y 134, donde Silvia Leiva Rocha da cuenta a la magistrada de los abusos sufridos por sus hijas de 12, 14 y 15 años durante la Semana Santa de 1999, en las confesiones realizadas en el colegio San Isaac Jogues. La progenitora indica en su declaración que el entonces padre había hechos “que una de ella se sentara en su falda y le tocó la espalda y las piernas, a otra la quiso besar en la boca y a la mayor le acarició la cara y el cuerpo”. Tras encontrar respuesta nula a su reclamo, Silvia Leiva fue recibida dos meses más tarde en audiencia por monseñor Sergio Valech. Fue así que da cuenta que “él (Valech) me recibió, le conté lo sucedido con mis hijas, y me dijo que me quedara callada, que no hiciera nada, porque si hacía esto público mis hijas serían asediadas por la prensa y por todo el mundo. Además dijo que la Iglesia era como un elefante y yo como una hormiga, es decir nadie me tomaría en cuenta. Es por ello que no hice la denuncia y no seguí otra instancia; además, tuve miedo que nadie me creyera lo que había hecho el cura con mis hijas, y la Iglesia me podía acusar de injurias”. Producto de estos dichos, monseñor Valech fue citado a declarar el 7 de noviembre del año pasado, donde se le consultó expresamente por la denuncia efectuada por Silvia Leiva Rocha. Ante esa consulta, a fojas 195 de expediente, respondió: “Sí, efectivamente, el reclamo de la señora Silvia Leiva el año 1999, no recuerdo la fecha. Llamé inmediatamente al padre Aguirre y lo interrogué sobre la situación, pudiendo advertir que las actuaciones desplegadas por éste habían sido conductas imprudentes; no obstante lo cual lo reprendí severamente y le advertí que al siguiente reclamo lo suspendería al ministerio sacerdotal”. Con posterioridad, cuando las declaraciones de Silvia Leiva Rocha fueron dadas a conocer por La Nación, tras surgir a la luz pública el caso del ‘cura Tato’, monseñor Valech precisó a este diario que nunca se refirió a la metáfora de la hormiga y el elefante. Después de esta llamada de atención, Aguirre Ovalle volvió a su cargo en la parroquia de Quilicura, donde conoció a los padres de V.P.C (16) y T.P.C (14), quienes eran miembros activos de la comunidad religiosa, por lo que no tardaron en tomarle total confianza al padre ‘Tato’. Precisamente es en el período que se registra entre 1999 y el 2002, donde la magistrada acreditó los abusos sexuales en contra de V.P.C y el estupro hacia T.P.C. En el caso de la primera menor, pese a que no se dio lugar a la violación, existen antecedentes de una relación de al menos dos años, donde existieron continuos contactos sexuales e incluso salieron dos veces de vacaciones. V.P.C declaró ante la magistrada que en un principio se sintió “atraída” por el ex presbítero, sin embargo después accedió a mantener relaciones sexuales con Aguirre para proteger a su hermana -en ese entonces de 12 años-, la que era asediada por él. Sin embargo, lo anterior no impidió que el ‘cura Tato’ agrediera a la menor. Prueba de ello consta en el Informe Médico Legal de Ginecología Forense Nº 2030­-2002, donde el doctor Andrés Rosmanich Poduje, indica, tras examinar a la T.P.C que “en el examen anal se aprecia hipotonía del esfínter anal y dos desgarros ya cicatrizados. Ambos fenómenos son explicables por coito anal reiterado (acto sodomítico)”. Dichos ultrajes se habrían repetido hasta junio del 2002. Otro antecedente que fue gravitante para la magistrada es que la segunda denuncia en contra de Aguirre fue realizada por la propia V.P.C al vicario episcopal para la zona norte, monseñor Francisco Manterola, el 3 de septiembre del año pasado. Este hecho habría propiciado la segunda salida de Aguirre a Honduras, ya que la madre de la menor, Jacqueline Contreras, sólo se impuso de los ataques sufridos por sus hijas el 29 de septiembre, día en que interpuso una denuncia en la Brigada de Delitos Sexuales de Investigaciones. Valech, al respecto, indicó que “el día 4 de septiembre me enteré por el vicario de la zona norte de un reclamo distinto del anterior de 1999”. Agrega que de acuerdo a lo anunciado lo suspendió de su ejercicio sacerdotal. Sobre su segunda salida a Honduras, monseñor precisó que “el padre Aguirre, en vista de la suspensión de su ministerio sacerdotal y de haber quedado sin un trabajo pastoral, solicitó dirigirse a Honduras, en donde ya había estado antes, lo que fue autorizado bajo la condición de que debía regresar en caso de ser requerido por la justicia civil”. Consultado sobre este mismo punto, a fojas 123, el vicario Manterola indicó que la nueva denuncia fue manejada por el propio cardenal Francisco Javier Errázuriz. “El cardenal me informó que Andrés había decidido viajar a Honduras, pero si la justicia lo requería debía volver, y me dijo que le diera las facilidades para el viaje”, apuntó. Pese a todo, la jueza Pinto estimó que “no hay encubrimiento de parte de la Iglesia, pero debe pagar porque no ejerció con celo su labor, en especial considerando los antecedentes que existían del sacerdote”.

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