Responsabilidad civil y divina

Responsabilidad civil y divina
Es un fallo inédito porque reconoce como responsable al obispado por los actos de pedofilia perpetrados por un sacerdote. El religioso, ya fallecido, reconoció los hechos pero apenas recibió como castigo una “amonestación canónica”.

Por primera vez un obispado de la Iglesia Católica en la Argentina fue condenado a pagar una indemnización por daños y perjuicios a una víctima de un abuso sexual cometido por un cura de su diócesis. La sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nª 2 de Quilmes –a la que accedió Página/12– reconoce como responsable al Obispado de Quilmes por los actos de pedofilia perpetrados por un sacerdote y lo obliga a pagar alrededor de 155 mil pesos más los intereses de 10 años al joven, que fue abusado cuando tenía 15 años, y a su madre, que hasta ese episodio era una mujer muy creyente y católica practicante. La sentencia fue apelada por el obispado. El religioso reconoció los hechos pero apenas recibió como castigo por parte del obispo –en ese entonces monseñor Luis Stockle– una “amonestación canónica” por la violación del Sexto Mandamiento que dice “no cometerás actos impuros” y luego fue trasladado a otras diócesis, donde se le dio refugio, sin haber sido nunca expulsado de la Iglesia, hasta que murió de sida el 10 de junio de 2005. La Iglesia nunca reconoció el hecho como un delito aberrante, sino simplemente como “una debilidad propia de los célibes”. La mujer, incluso, intentó que Jorge Bergoglio, entonces al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires, la recibiera para poder ponerlo al tanto del hecho, pero nunca pudo tener una entrevista con él (ver aparte).

El abuso

El abuso sexual ocurrió en la madrugada del 15 de agosto de 2002 en la Casa de Formación de la Iglesia Católica, de Berazategui, que pertenece al Obispado de Quilmes. La noche anterior, Beatriz Cándida Varela, una mujer muy comprometida con la Iglesia, católica, catequista y con un hermano diácono, viuda y madre de tres hijos, invitó a su casa al sacerdote Rubén Pardo, de unos 50 años. Quería que les hablara a sus dos hijos varones –de 15 y 14 años– como un consejero espiritual para orientarlos dentro de la fe y la moral. Pardo era conocido de la familia. El religioso tuvo una charla a solas con el mayor de los hermanos –a quien llamaremos Marcos–, y como la conversación fue interrumpida por la cena, le preguntó a la madre si podía llevarlo a pasar la noche a la Casa de Formación, donde él vivía y que lindaba con la vivienda de Beatriz, para poder continuar el diálogo. Y además, para que lo ayudara en la misa de precepto, del día siguiente, día de la Asunción de la Virgen, porque el párroco estaba de viaje. Pardo hacía reemplazos en las parroquias y era capellán del Hospital Iriarte, de Quilmes. La mujer accedió. Confiaba en Pardo. Porque era un sacerdote. Cuando su hijo había salido de la charla con el cura, le había dicho: “Me habló como si fuera mi papá”.

Para Marcos, fue un viaje al infierno. Según denunció luego ante la UFI 8 especializada en delitos sexuales del departamento judicial de Quilmes, una vez en la Casa de Formación, cuando ya estaba en el dormitorio del clérigo, Pardo lo invitó a su cama, a lo cual él accedió inocentemente. Pensó que se trataba de un gesto paternal. Pero el religioso abusó sexualmente de él. “Sabía que me estaba violando, pero no podía pensar en qué podía hacer para evitarlo, porque tenía mucho miedo y estaba shockeado”, relató el entonces adolescente. Marcos esperó a que Pardo se durmiera y buscó escaparse. Regresó a su casa saltando la medianera del fondo de la Casa de Formación que lindaba con el terreno de su hogar. Al llegar, shockeado, le contó lo sucedido a su madre. Pardo le había dicho que no se lo contara a nadie. El caso fue revelado en 2004 por Página/12, cuando todavía el clérigo no había fallecido y la Iglesia Católica lo mantenía entre sus filas. Nunca lo expulsó. Tramitaba por entonces la causa penal, que finalmente se cerró con la muerte del imputado.

La amonestación

Beatriz fue inmediatamente a ver al obispo Stockler, que llegó a atenderla luego en otras tres oportunidades. La mujer pretendía que el hecho aberrante que había vivido su hijo fuera castigado con la expulsión del cura de la Iglesia católica, institución en la que ella por entonces confiaba y respetaba. Hoy, por su desilusión y bronca por cómo fue tratado el episodio por parte de la jerarquía, piensa borrarse de los registros de la Iglesia católica, a través del trámite de la apostasía. No ha perdido su fe ni su religiosidad. Pero dice: “Tengo línea directa con Dios”.

Monseñor Stockler no sólo se enteró del abuso sexual por boca de la mamá de la víctima. El obispo citó a Pardo y éste admitió que el hecho había sucedido. Como sanción, recibió apenas una “amonestación canónica”, por violar el Sexto Mandamiento, que dice “no cometerás actos impuros”. La amonestación fue firmada por el padre Pardo el 20 de agosto de 2002, cinco días después del episodio con el menor. En esa sanción, el obispo lo exhortó a “mudarse de la jurisdicción parroquial” y a abstenerse de celebrar misa por un mes y de realizar declaraciones “públicas o privadas” sobre el tema. Stockler –que dejó de ser obispo de Quilmes en 2011 –nunca calificó al abuso sexual como un delito aberrante: simplemente lo consideró una “infracción”. Tampoco ordenó ningún tratamiento para el sacerdote. Beatriz inició un largo periplo para intentar denunciar el hecho ante distintas autoridades eclesiásticas, incluso, ante el Tribunal Eclesiástico y a la Curia metropolitana, al lado de la Catedral metropolitana. El Tribunal abrió una causa contra Pardo. Beatriz nunca pudo saber en qué quedó ese proceso. Ella quería un castigo ejemplar para el sacerdote pedófilo por parte de la propia Iglesia católica en la que ella tanto creía. Nunca lo encontró. Finalmente, ante la inacción de las autoridades eclesiásticas, 4 de febrero de 2003 denunció el hecho ante la Justicia y se inició la causa penal, que se cerró con el fallecimiento de Pardo. Antes de su muerte, el cura fue citado a prestar declaración indagatoria pero no pudo ser localizado. La jerarquía católica era reticente a dar su paradero, declaró en aquel momento quien era titular de la UFI 8 de Quilmes, Pablo Pérez Marcote, a cargo de la investigación. “Cuando se lo fue a buscar por la fuerza pública, ya había fallecido”, recordó ayer a este diario el abogado de Beatriz y su hijo, Mauro Pagliuca. El letrado es representante de la familia en la causa civil.

El fallo que condenó al obispado de Quilmes por daños y perjuicios por el abuso sexual sufrido por Marcos es inédito en el país. “He buscado y no encontré ningún antecedente similar”, destacó Pagliuca en diálogo con Página/12. El obispado sólo pagó durante cuatro meses los gastos de tratamiento psicológico para Marcos y Beatriz, inmediatamente después de sucedido el abuso sexual. Pero cuando las autoridades eclesiásticas del obispado se enteraron de que la mujer había ido a realizar una consulta jurídica, le quitaron la ayuda económica. Marcos tuvo hace un año un intento de suicidio.