Víctimas argentinas que intentaron reunirse con el papa Francisco El periódico Wall Street Journal señala que, durante los 21 años que fue obispo y arzobispo de Buenos Aires (incluyendo los años en los que fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina), el papa Francisco se negó a reunirse con las víctimas de abusos sexuales. En esta página presentamos un perfil de los sobrevivientes argentinos que buscaron la ayuda del papa Francisco. Todos ellos trataron de ponerse en contacto con el cardenal arzobispo en 2002 o posteriormente. Durante esos años muchos obispos de EE. UU. y Europa revelaron el número y la identidad de religiosos que habían cometido abusos sexuales, y el papa Benedicto XVI pidió disculpas varias veces (1, 2, 3, y 4), además de reunirse con víctimas en cinco oportunidades, en los Estados Unidos, Australia, Malta, Reino Unido y su propio país de origen, Alemania. Bergoglio no solo no ha brindado respuesta alguna a las víctimas; tampoco existen documentos públicos que demuestren que haya revelado ningún tipo de información sobre los abusadores. De hecho, negó que el problema existiera en su arquidiócesis. (Para más información acerca del manejo que el papa Francisco le ha dado a los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia, véase nuestro informe especial). Sin embargo, ahora que el arzobispo Bergoglio se ha convertido en el papa Francisco, su perspectiva es más amplia y sus responsabilidades inconmensurablemente mayores. Según se ha informado, el Papa se reunirá con las víctimas argentinas antes de visitar su país de origen en 2016. Cuando lo haga, deberá actuar de manera firme para rectificar su indiferencia, así como su falta de transparencia. Deberá explicar detalladamente por qué encargó en 2010 un estudio secreto con el fin de inculpar a las valientes víctimas del abusador de menores Julio César Grassi. También deberá ordenar a todos los obispos argentinos que publiquen listas completas de todos los clérigos sobre los que pesen acusaciones creíbles de abuso sexual de menores. (Véase nuestra base de datos de clérigos argentinos acusados públicamente). • «Gabriel», sobreviviente del abuso cometido por el padre Julio César Grassi • Julieta Añazco, sobreviviente del abuso cometido por el padre Ricardo Giménez • Sebastián Cuattromo, sobreviviente del abuso cometido por el Hno. Fernando Picciochi, S.M. • Cinco sobrevivientes de los abusos cometidos el padre Mario Napoleón Sasso • Gabriel Ferrini, sobreviviente del abuso cometido por el padre Rubén Pardo, con su madre, Beatriz Varela Sobreviviente Sacerdote acusado Intentos de reunirse con el papa Francisco «Gabriel» FOTOGRAFÍA: El padre Julio César Grassi, condenado por abusar sexualmente de la víctima conocida bajo el seudónimo de «Gabriel» (no aparece en la foto). «Gabriel» estuvo representado en el juicio por el abogado Juan Pablo Gallego, miembro de CASACIDN, el comité argentino que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país. El padre Julio César Grassi es considerado el sacerdote pederasta más infame de Argentina, y se dice que el cardenal Bergoglio era su amigo íntimo. Grassi, el fundador de una organización benéfica nacional que alberga a niños de la calle, fue acusado de abusar sexualmente de al menos cinco menores. En 2006, Bergoglio se quejó de que existía una «campaña mediática» en contra de Grassi. Durante el prolongado proceso penal, el conocido sacerdote afirmó que Bergoglio «nunca le soltó la mano». En 2009, Grassi fue condenado por dos cargos de abuso sexual agravado y corrupción de menores en el caso de «Gabriel», quien contaba con 13 años cuando Grassi se abusó de él. Se cree que la intervención secreta de Bergoglio ante los jueces después de la condena de Grassi podría explicar, al menos en parte, por qué Grassi pudo permanecer en libertad durante tantos años a la espera de los resultados de sus numerosas apelaciones, a pesar de haber recibido una pena de 15 años. Finalmente, Grassi fue enviado a prisión en septiembre de 2013, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazara su tercera apelación. La víctima, conocida como Gabriel, buscó dos veces la ayuda del Papa, pero sin éxito. En 2003, un año después de que Gabriel presentara cargos criminales pero antes del inicio del juicio de Grassi, tres hombres desvalijaron el departamento del sobreviviente y lo golpearon. Según su psiquiatra, Enrique Stola, los hombres amenazaron con matar a Gabriel si no cambiaba su declaración y abandonaba el caso. Desesperado por proteger al joven, Stola llamó por teléfono  al Arzobispado y envió un fax solicitando una cita con el cardenal Bergoglio. No recibió ninguna respuesta. Diez años más tarde, en mayo de 2013, con Grassi aún libre a pesar de haber sido condenado en 2009, Gabriel y su abogado, Juan Pablo Gallego, llevaron una carta de dos páginas dirigida al papa Francisco a la oficina del nuncio papal en Buenos Aires. Un empleado se negó a aceptar la carta después de enterarse del contenido y amenazó con llamar al personal de seguridad si Gabriel y Gallego no abandonaban el edificio. Julieta Añazco Sobreviviente que denunció al padre Ricardo Giménez por abuso sexual de menores   El padre Ricardo Giménez fue arrestado y encarcelado en 1996 por abuso sexual de menores después de que la madre de un monaguillo de 10 años presentara una denuncia en la que afirmaba que el sacerdote había tocado los genitales de su hijo e intentado darle un beso en la boca. Los padres de otros cuatro niños también presentaron denuncias. En 1997, en respuesta a la presión ejercida por el arzobispo de La Plata, el juez Carlos Walter Galán Barry le concedió la libertad al sacerdote. Giménez mantuvo su inocencia y describió a sus acusadores como «demoníacos e impíos». En 2013, entre 15 y 20 presuntas víctimas de Giménez se dieron a conocer, comenzando por Julieta Añazco, quien afirmó que Giménez abusó de ella cuando tenía entre 7 y 10 años. En agosto de 2013, Añazco y otras presuntas víctimas protestaron en la capilla del Hospital San Juan de Dios, en La Plata, donde Giménez estaba celebrando misa. Desde junio de 2014, Giménez figura como sacerdote en el sitio web del Arzobispado de La Plata. En diciembre de 2013, Añazco y más de una docena de presuntas víctimas enviaron una carta al papa Francisco describiendo los abusos cometidos por Giménez. Aunque Añazco recibió la confirmación del servicio postal en enero de 2014 de que el Vaticano había recibido la carta, nunca recibió una respuesta. Julieta Añazco (video de GlobalPost) Sebastián Cuattromo Sobreviviente del abuso sexual cometido por el Hno. Fernando Picciochi, S.M. El blog de Sebastián: «Abusos en el Instituto Marianista». Cofundador de «Adultxs por los derechos de la infancia» El hermano Fernando Enrique Picciochi, S.M abusó sexualmente de Sebastián Cuattromo y otro alumno de séptimo grado en 1989 y 1990 durante un campamento de egresados y en el Colegio Marianista, en el barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires. En 2000, Cuattromo y su excompañero de clase denunciaron el abuso a los marianistas en Buenos Aires. La orden religiosa los convenció de que se conformaran con una indemnización de 40 000 dólares cada uno a cambio de que firmaran un acuerdo en el que se comprometían a guardar silencio  sobre los hechos acaecidos además de abandonar las denuncias contra la congregación marianista. No obstante, Cuattromo decidió denunciar penalmente a Picciochi. Poco después, Picciochi fue acusado de «corrupción reiterada de menores», tras lo cual huyó a los Estados Unidos antes de poder ser detenido. Durante los diez años siguientes, Cuattromo colaboró con la Interpol y otras autoridades para que Picciochi pudiera ser extraditado a Argentina. Picciochi fue finalmente detenido en los Estados Unidos en 2007 y extraditado a Argentina en 2010. En 2012 fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de Cuattromo y otros cuatro niños, todos ellos alumnos del Colegio Marianista. Después de que Cuattromo se enterara de que Picciochi había huido a los Estados Unidos, solicitó la anulación del acuerdo de silencio que los marianistas le habían impuesto como condición para otorgarle una indemnización. En 2002, Cuattromo acudió a una organización laica, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que afirmó su derecho a anular el acuerdo de silencio. Cuattromo, quien es oriundo de Buenos Aires, solicitó la ayuda del Arzobispado. No se le concedió una cita con el cardenal Bergoglio, pero sí con Martín García Aguirre, secretario personal de Bergoglio, quien lo puso en contacto con el padre Mario Poli, vicario episcopal de la zona de Flores. Cuattromo se reunió dos veces con Poli y le planteó los hechos: el intento de los marianistas de silenciarlo, la huida de Picciochi a los Estados Unidos y los esfuerzos de Cuattromo por conseguir que su abusador fuera extraditado para ser juzgado. Nunca obtuvo respuesta del Arzobispado. Poco después de haber sido elegido papa, Bergoglio designó a Poli para que lo sucediera como arzobispo de Buenos Aires, y en 2014 lo nombró cardenal. Sebastián Cuattromo (video de GlobalPost) Cinco sobrevivientes Nombres desconocidos Tenían entre 5 y 12 años de edad en 2002-2003, cuando fueron abusados sexualmente por el padre Mario Napoleón Sasso Representados por Ernesto Moreau, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Buenos Aires El padre Mario Napoleón Sasso fue diagnosticado como pedófilo a principios de la década de 1990. Fue enviado a Domus Mariae, un centro de tratamiento de la Iglesia para sacerdotes con problemas, ubicado en la diócesis de Zárate-Campana, en la provincia de Buenos Aires. Dejó el centro en 1998 con la recomendación  de no estar nunca en contacto con menores. En 2001, el obispo de Zárate-Campana lo designó para ejercer el ministerio en una parroquia que albergaba un comedor para niños indigentes de la comunidad en la ciudad de Pilar. Allí violó al menos a cinco niñas de 5 a 12 años, todas ellas de familias sumamente pobres. Atraía a las niñas a su habitación ofreciéndoles dulces y televisión, y luego les quitaba la ropa, las manoseaba y se masturbaba en su presencia. Las amenazaba para que callaran los hechos. En 2003, una niña de 12 años le contó a Lía López, una mujer que trabajaba en el comedor, el abuso que había sufrido a manos de Sasso. López notificó inmediatamente a los funcionarios diocesanos. Al ver que las autoridades eclesiásticas no tomaban medidas para separar a Sasso de su cargo, López y un sacerdote y psiquiatra llamado Luis Guzmán presentaron una denuncia ante las fuerzas del orden, que el 1/12/2003 emitieron una orden de captura contra Sasso. Con la ayuda de funcionarios diocesanos, Sasso consiguió huir a Paraguay, pero fue detenido por las fuerzas de seguridad argentinas un mes más tarde al intentar volver a Pilar. En 2006, mientras la causa de Sasso languidecía en la Justicia, las familias empobrecidas de las jóvenes víctimas solicitaron una cita con el cardenal Bergoglio, quien poco antes había sido nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Bergoglio era el funcionario católico con mayor autoridad en el país, defendía públicamente la causa de los pobres y su catedral estaba ubicada a tan solo 54 km del comedor donde las niñas habían sido abusadas. La petición de las familias no recibió ninguna respuesta. Sasso fue condenado en 2007 a 17 años de prisión por abuso sexual de menores en primer grado. Una vez encarcelado, se casó, aparentemente después de que se le concediera la laicización voluntaria. En 2012, se le permitió una salida transitoria de 24 horas al mes. Ernesto Moreau (video de GlobalPost) Gabriel Ferrini y Beatriz Varela Gabriel Ferrini, sobreviviente del abuso cometido por el padre Rubén Pardo La madre de Gabriel, Beatriz Varela Primeros denunciantes en ganar un juicio civil contra la Iglesia Católica argentina por su responsabilidad en un caso relacionado con un sacerdote abusador   En 2002, el padre Rubén Pardo abusó sexualmente de Gabriel Ferrini, de 15 años, en la residencia del sacerdote en Berazategui, en la diócesis de Quilmes. La madre del joven, Beatriz Varela, se reunió inmediatamente con el obispo de Quilmes, Luis Stöckler, y le pidió que denunciara a Pardo ante las autoridades civiles y lo expulsara del ministerio sacerdotal. Unos días después, Stöckler le dijo a la madre que Pardo había reconocido la existencia del hecho, pero le aconsejó que tuviera misericordia porque los que eligen el celibato tienen «momentos de debilidad». Stöckler lo amonestó a Pardo, exhortándole a irse de la diócesis y a abstenerse de celebrar la Eucaristía y de confesar durante un mes. El obispo no le prohibió a Pardo el contacto con menores ni lo retiró permanentemente de su cargo. Tampoco lo denunció a las autoridades civiles. Poco después de denunciar a Pardo al obispo Stöckler, Varela y su hijo se enteraron de que Pardo era portador del virus del SIDA. Varela decidió presentar una denuncia ante el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano en Buenos Aires, donde fue reprendida por un monseñor, el presidente del tribunal, quien le dijo que era un asunto del que debía encargarse su propio obispo. Varela se dirigió entonces a un edificio contiguo, la Curia Metropolitana, y solicitó una entrevista con el cardenal Bergoglio. Cuando el sacerdote que se encontraba en la recepción insistió en conocer el motivo de su visita, Varela le dijo que era de carácter personal y le preguntó si le podía entregar un mensaje privado a Bergoglio. El sacerdote se negó y le ordenó que se marchara. En declaraciones realizadas al Global Post, Varela señaló que fue «menospreciada por el personal de Bergoglio y finalmente retirada por la fuerza por guardas de seguridad». Ferrini y Varela presentaron una denuncia penal en febrero de 2003, pero los fiscales no pudieron dar con el paradero de Pardo. En septiembre de 2003, se supo que se encontraba viviendo en un hogar para sacerdotes jubilados y enfermos situado en Condarco 581, en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Dicho hogar pertenecía a la vicaría del Arzobispado de Buenos Aires, cuyo titular en ese momento era Bergoglio. Según consta, Pardo confesaba a niños y daba clases en una escuela primaria de Flores. En 2005, Pardo murió de SIDA, lo que puso fin a la causa penal en su contra. En 2012, un tribunal de Quilmes dictaminó que el Obispado de Quilmes había sido culpable de negligencia en el manejo del caso Pardo. El Obispado apeló alegando que: 1) Pardo no era empleado del Obispado, sino de una parroquia autónoma; y que 2) Varela era en parte responsable porque había permitido que su hijo pasara la noche en la residencia del sacerdote. En 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Quilmes rechazó ambos puntos de apelación y confirmó el fallo del primer tribunal. El Obispado fue condenado a pagar a los denunciantes la suma de 155 000 pesos en concepto de indemnización por los daños ocasionados, más los intereses correspondientes a diez años. Este es el primer fallo civil contra una diócesis argentina por su responsabilidad en las acciones de un depredador sexual. Beatriz Varela (video de GlobalPost)

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